Intervención del Presidente de Ciudadanos Libres por la Calidad Institucional, José Lucas Magioncalda, en la audiencia pública convocada por la Comisión de Ciudadanía y DDHH del Parlasur.
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A lo largo de una década, aproximadamente, la agrupación Tupac Amaru y su líder, Milagro Sala, con la complicidad del estado provincial y nacional, ejercieron en la Provincia de Jujuy un poder casi absoluto.
Sala y su grupo ejercieron
violencia e intimidación contra los propios integrantes de su agrupación,
contra miembros de otras organizaciones sociales y sindicales, contra
funcionarios y ciudadanos en general. No sólo usaron sus fuerzas de choque,
ejercieron también la administración arbitraria y abusiva de actividades
propias de un estado, como las políticas de vivienda, educación, deportes, todas
ellas financiadas con fondos del Estado Nacional.
Las acciones violentas y la
arbitrariedad en la aplicación de los fondos públicos, estuvieron orientadas a infundir miedo y doblegar toda resistencia al poder ejercido por Sala y su organización. Siempre, con la complicidad de las autoridades del
Estado argentino, que a lo largo de varios años y hasta diciembre de 2015, toleró, apoyó y
financió este tipo de conductas.
Esta organización para estatal se
valió de la violencia como medio para conseguir toda clase de fines: ocupar
terrenos, desalojar casas, evitar denuncias, engrosar sus columnas durante las
marchas, apropiarse de voluntades políticas y sindicales, entre otros. Lo cual implica
la afectación de derechos como la integridad física, la vida, la libertad, y la
seguridad personal de un número aún indeterminado de habitantes de la Provincia
de Jujuy.
Es muy amplio el conjunto de víctimas
de los hechos mencionados. Su nómina y sus denuncias se encuentra en poder de
diversas autoridades, entre las cuales destacamos la Secretaría de DDHH y Pluralismo Cultural de
la Nación y el Centro de Atención a la Víctima, dependiente de la Procuración
General de la Provincia de Jujuy, a los cuales podrá recurrir esta Comisión.
Ese ejercicio ilícito del poder,
conforme a jurisprudencia internacional, como el caso Jaramillo vs. Colombia, y nacional, importó la
comisión de graves violaciones a los DDHH respecto de un sinnúmero de habitantes
jujeños.
Las víctimas que representamos no
cuentan con el masivo apoyo de organizaciones de la sociedad civil dedicadas a
la defensa de los derechos humanos, ya que la gran mayoría de ellas se
encuentran altamente identificadas con el gobierno anterior,
motivo por el cual, apoyan de manera irrestricta los intereses de Milagro Sala
y su grupo político. Y lo que es peor aún: ignoran a sus víctimas.
Consideramos que el ámbito de
esta Comisión es propicio, también, para denunciar una grave irregularidad
cometida por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en perjuicio
de las víctimas mencionadas en esta presentación.
En efecto, en tiempo y forma, y
cumpliendo todos y cada uno de los requisitos exigidos para participar en el
165 Período Ordinario de Sesiones de la CIDH, realizadas en Montevideo,
República Oriental del Uruguay, nuestra organización no fue admitida para
exponer, junto a parte de las víctimas, los padecimientos sufridos por la
ciudadanía jujeña, como consecuencia del accionar de la Sra. Milagro Sala y su
organización para estatal Tupac Amaru.
La sola presencia, en dicha
oportunidad, de organizaciones impulsoras de la liberación de Milagro Sala,
debió haber generado en las autoridades de la CIDH la aplicación de principios
como la igualdad, en beneficio de aquellos que, hasta hoy, no han tenido voz en
ámbitos regionales. Lamentablemente no fue así.
La CIDH, en lugar de priorizar la
igualdad, esgrimió problemas de agenda para excluirnos del mencionado evento.
Quiero aclarar que no coincidimos con la visión que tiene el Sr. Sergio Maldonado respecto de las circunstancias en que ocurrió la muerte de su hermano, pero apoyamos su derecho a haber expuesto el caso ante la CIDH. Las víctimas de Milagro Sala no tuvieron esa oportunidad.
Por lo dicho, entendemos que es
necesario reformular el sistema interamericano de DDHH, de tal modo que lo
ideológico ceda ante lo jurídico. La conducta contraria, que es la que se viene
desarrollando hasta ahora, no hace más que desprestigiar los elevados intereses
que inspiraron las normas internacionales de DDHH y abandonar a las peores
prácticas de los criminales de estado, a importantísimos sectores de nuestros
pueblos.
Instamos a este parlamento, único
organismo regional representativo de los pueblos del Mercosur, a iniciar un estricto
seguimiento de la labor de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos."
