José Magioncalda, Pte. Ciudadanos Libres por la Calidad Institucional Asociación Civil
DENUNCIA CONDUCTAS TIPIFICADAS EN ARTS. 248 Y 260 DEL CÓDIGO PENAL
Señor
Juez:
JOSÉ
LUCAS MAGIONCALDA, abogado Tº 62 Fº 671 del CPACF, constituyendo domicilio en
Lavalle 1773, 6º “C”, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a V.S. me presento y
respetuosamente digo:
I.-
PERSONERÍA: Conforme lo acredito con la copia de poder que adjunto y firmo,
declarando que la misma es fiel a su original, soy apoderado de CIUDADANOS
LIBRES POR LA CALIDAD INSTITUCIONAL ASOCIACIÓN CIVIL, con domicilio en Lavalle
1773, 6º “C”, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
II.-
OBJETO: Que vengo a denunciar conductas tipificadas
los arts. 248 y 260 del Código Penal, cuyos autores serían el Sr. Presidente de
la Corte Suprema de Justicia de la Nación, Dr. RICARDO LORENZETTI, y, eventualmente,
algunos otros funcionarios de dicho tribunal, conforme las circunstancias de
hecho y de derecho que paso a exponer:
III.-
HECHOS: La Corte Suprema de Justicia de la Nación, cuya administración se
encuentra a cargo de su Presidente, el Dr. Lorenzetti, ha editado un libro
titulado “JUSTICIA ARGENTINA ON LINE”.
Dicha obra ha sido prologada por el Dr. Lorenzetti, y compila trabajos de
destacados miembros del Poder Judicial.
Ahora
bien, en la parte inferior se advierte la siguiente leyenda:
Corte Suprema de Justicia de la Nación
PRESIDENCIA LORENZETTI
Resulta
evidente que la leyenda en cuestión sólo busca promocionar al Dr. Lorenzetti, al
peor estilo de los gobernantes populistas, destacando que la obra fue editada
bajo su presidencia, y sin que ello signifique aporte alguno a la descripción
del contenido de la mencionada edición.
Por
otra parte, dado que el libro ha sido editado por la Corte Suprema de Justicia
de la Nación, resulta evidente que se han utilizado dineros públicos
persiguiendo un objetivo de promoción personal de un funcionario.
IV.-
DERECHO:
La
ley de Ética en el Ejercicio de la Función Pública Nº 25188 (modificada según
ley 26.857) establece en su artículo 42 que: “La publicidad de los actos, programas, obras, servicios y campañas de
los órganos públicos deberá tener carácter educativo, informativo o de
orientación social, no pudiendo constar en ella, nombres, símbolos o imágenes
que supongan promoción personal de las autoridades o funcionarios públicos”.
No
quedan dudas: el contexto en el que se encuentra el nombre del funcionario, el
lugar privilegiado del libro en que se lo ha puesto, el tamaño de la letra de
la leyenda “PRESIDENCIA LORENZETTI” (superior aún al tamaño elegido para la
denominación del tribunal) y la innecesaria asociación del nombre del
funcionario con la Presidencia de la Corte, como si el apellido del magistrado
diera nombre al órgano del máximo tribunal, evidencian el carácter de
autopromoción de la leyenda y la ausencia de finalidad educativa, informativa y
de orientación social que posee la misma.
Por lo dicho
hasta aquí, encontrándose vulnerada una ley nacional, y siendo el propio Dr.
Lorenzetti el máximo responsable administrativo de la Corte Suprema de Justicia
de la Nación, se encuentra plenamente justificada la apertura de una
investigación a fin de determinar si existió una instrucción de parte del
magistrado y/o de parte de otros funcionarios, que los pueda haber hecho
incurrir en las conductas tipificadas en el art. 248 del Código Penal que
establece:
“Será reprimido con prisión de un mes a dos años e
inhabilitación especial por doble tiempo, el funcionario público que dictare
resoluciones u órdenes contrarias a las constituciones o leyes nacionales o
provinciales o ejecutare las órdenes o resoluciones de esta clase existentes o
no ejecutare las leyes cuyo cumplimiento le incumbiere”.
Asimismo,
dado que la publicación del libro en cuestión por parte del máximo tribunal,
posee un costo que implica la erogación de dineros públicos, y dado que la
actividad financiada con fondos estatales resulta ilícita, podemos concluir que
se han aplicado fondos públicos con fines distintos a los destinados
originariamente. Ello es así, en tanto que ninguna actividad ilícita puede ser
destino lícito de fondo público alguno.
Por
lo expuesto, solicito a V.S. que investigue la comisión, por parte del Presidente
de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y/o por parte de otros
funcionarios del máximo tribunal, del delito tipificado en el art. 260 del
Código Penal, que se transcribe a continuación:
“Será reprimido con inhabilitación especial de un mes
a tres años, el funcionario público que diere a los caudales o efectos que
administrare una aplicación diferente de aquella a que estuvieren destinados.
Si de ello resultare daño o entorpecimiento
del servicio a que estuvieren destinados, se impondrá además al
culpable, multa del veinte al cincuenta por ciento de la cantidad distraída.”
V.
CONCLUSIÓN: Los hechos descriptos, no sólo son graves porque evidencian una
ética y una estética fascista, sino porque provienen de lo más alto del Poder
Judicial. ¿Si el Presidente de la Corte Suprema no respeta la ley, entonces
quién lo haría? Quizá el impulso de la investigación que aquí se solicita pueda
ayudar a revertir la cultura antirrepublicana que ha contaminado a un sinnúmero
de funcionarios públicos.
VI.
PETITORIO: Por todo lo expuesto, solicito a V.S. proceda a investigar los
hechos denunciados en el presente escrito.
Proveer de conformidad
SERÁ JUSTICIA
