domingo, 23 de diciembre de 2018

BALANCE 2018 DE CIUDADANOS LIBRES



Principales actividades desarrolladas por Ciudadanos Libres durante el año 2018

PUBLICAMOS UNA CARTA ABIERTA A LA TITULAR DE LA OFICINA ANTICORRUPCIÓN.
Con motivo de los reiterados bloqueos con que la funcionaria Laura Alonso castiga en la red social twitter a aquellos ciudadanos que le plantean objeciones a su desempeño, le expusimos las razones jurídicas que tornan ilícita dicha conducta, con fundamento en derecho local y jurisprudencia y derecho internacional.

DENUNCIAMOS A LA FUNCIONARIA Y ACTUAL PRESIDENTE DE LA “JUVENTUD PRO” POR EJERCER DOS CARGOS PÚBLICOS EN SIMULTÁNEO.
La denuncia se realizó ante la Oficina Anticorrupción porque la citada dirigente posee un cargo de Concejal en el conurbano bonaerense y un cargo de Directora Nacional en el Ministerio de Desarrollo Social, situación que, a nuestro criterio, vulnera elementales normas de ética pública.

INFORME SOBRE EL ÁREA ANTICORRUPCIÓN DEL GCBA.
Luego de una prolongada investigación, que requirió la presentación de un amparo para obtener datos que nos eran negados, elaboramos un informe que da cuenta de los graves incumplimientos del GCBA respecto de la aplicación de la Ley de Ética en el Ejercicio de la Función Pública.

PRESENTAMOS ANTE EL PRESIDENTE DE LA NACIÓN UN PEDIDO PARA QUE EL DICTADO DE UN DNU SOBRE “EXTINCIÓN DE DOMINIO”
Ante las trabas parlamentarias para dictar una ley de “extinción de dominio” que permita recuperar lo que le ha sido sustraído al Estado Nacional, mediante hechos de corrupción, solicitamos y fundamos jurídicamente el dictado de un DNU que consagre dicha normativa.

DENUNCIA CONTRA SANTIAGO CÚNEO POR DISCRIMINACIÓN E INSTIGACIÓN A LA SEDICIÓN.
La denuncia tuvo lugar por declaraciones en las que el citado dirigente y comunicador, utilizó la palabra “anglosajón” en sentido despectivo y pidió a los integrantes de las FFAA que desobedecieran al Presidente de la Nación.

DENUNCIAMOS A ESTELA DE CARLOTO POR DISCRIMINACIÓN ANTE EL INADI.
La denuncia se realizó con motivo de declaraciones discriminatorias tendientes a descalificar a un testigo que compromete a Cristina Fernández de Kirchner, por su condición de chofer.

DENUNCIAMOS A HEBE DE BONAFINI POR INSTIGACIÓN A LA SEDICIÓN E INTIMIDACIÓN PÚBLICA.
La denuncia se realizó para que se investigue la posible instigación a derrocar al gobierno nacional y por la eventual comisión del delito de intimidación pública, en razón de sus dichos, tendientes a causar temor en la población, respecto de que el GCBA secuestra niños y luego los da en adopción.

RATIFICACIÓN DE LA SENTENCIA OBTENIDA POR NUESTRA ONG QUE OBLIGA AL GCBA A CUMPLIR CON LA LEY DE VIDRIOS SEGUROS EN ESCUELAS PÚBLICAS DE CABA.
Luego del rechazo de dos recursos interpuestos por el GCBA, la sentencia fue ratificada y –no obstante encontrarse pendiente un recurso de queja- el estado local ya está obligado a iniciar su cumplimiento.

CONVENIO FIRMADO CON DAIA PARA INVESTIGAR LOS ARCHIVOS NAZIS EN PODER DEL ESTADO ARGENTINO.
Luego de que solicitáramos al Estado Nacional el acceso a la documentación que acredita la vinculación entre el Estado Argentino y el Régimen Nazi, facilitamos los 70.000 documentos digitalizados a la DAIA, que ya dio inicio a la investigación de los mismos.

DENUNCIAMOS ANTE EL INADI POR DISCRIMINACIÓN AL GREMIO UTE-CTERA.
Esta denuncia se realizó luego de que se levantara una actividad académica sobre adoctrinamiento político/gremial en escuelas, que iba a desarrollarse el pasado 18 de setiembre en la Legislatura Porteña, como consecuencia de difamaciones esgrimidas por el gremio docente contra nuestra organización.
Asimismo, el pasado 17 de diciembre, solicitamos a la Legislatura porteña que fije una nueva fecha para la realización del citado evento y que adopte los recaudos tendientes a evitar nuevas situaciones discriminatorias.

SOLICITAMOS ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS Y ACADÉMICOS DE LOS DOCENTES DE CABA.
Esta solicitud de información fue concedida parcialmente y estamos tramitando que sea concedida en su totalidad, a fin de facilitar a la ciudadanía el acceso al conocimiento de  la calidad de los docentes con que cuenta cada escuela pública.

CUESTIONAMOS A MILAGRO SALA Y A SU ORGANIZACIÓN PARA ESTATAL “TUPAC AMARU” EN EL PARLASUR.
Denunciamos ante la Comisión de DDHH del Parlasur la situación de las víctimas de Milagro Sala y la actitud discriminatoria de la CIDH, consistente en no recibir a las víctimas en las sesiones convocadas en pasado año en Montevideo.







DENUNCIA CONTRA SERGIO MASSA ANTE LA OFICINA ANTICORRUPCIÓN.
Denunciamos a Sergio Massa ante la Oficina Anticorrupción, a raíz de una investigación periodística documentada, que da cuenta de que el mencionado dirigente percibiría un salario como docente interino de una universidad nacional, sin concurrir a dar clases.

DENUNCIA PENAL CONTRA CFK, CTERA Y OTROS POR LA “OPERACIÓN MALDONADO”.
Denunciamos penalmente a CRISTINA FERNÁNDEZ DE KIRCHNER, SANTIAGO CÚNEO, LUIS D´ELÍA, LEOPOLDO MOREAU, HEBE DE BONAFINI y AUTORIDADES DEL GREMIO CTERA, en relación a la “Operación Maldonado”, por la posible comisión del delito de intimidación pública.

SOLICITUD DE INFORMACIÓN PÚBLICA POR DINERO ENTREGADO A LA FLIA. MALDONADO.
Solicitamos información al Ministerio de Justicia, respecto del dinero entregado a la familia de Sergio Maldonado y requerimos acceso a la documentación respaldatoria del uso que se dio a dichos fondos y las actuaciones administrativas destinadas a verificar si dicha familia carecía de medios, tal como lo exige la legislación para otorgar el citado beneficio económico.

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 24 de diciembre de 2018.


miércoles, 19 de diciembre de 2018

DENUNCIA: INTIMIDACIÓN PÚBLICA POR LA "OPERACIÓN MALDONADO"

DENUNCIAN DELITO DE INTIMIDACIÓN PÚBLICA
Señor Juez:
YAMIL SANTORO, abogado Tº 124 Fº208, CPACF (con domicilio electrónico 20334984037) y JOSÉ LUCAS MAGIONCALDA, abogado Tº 62 Fº 671 del CPACF, (con domicilio electrónico 20232494957), ambos constituyendo domicilio legal en Lavalle 1773, 6º “C”, Ciudad Autónoma de Buenos Aires a V.S. nos presentamos y respetuosamente decimos:
I.- OBJETO: Venimos a denunciar a CRISTINA FERNÁNDEZ DE KIRCHNER, SANTIAGO CÚNEO, LUIS D´ELÍA, LEOPOLDO MOREAU, HEBE DE BONAFINI y AUTORIDADES DEL GREMIO CTERA, la posible comisión del delito de intimidación pública (art. 211 del Código Penal) conforme los hechos y consideraciones que se exponen seguidamente:
II.-HECHOS: A partir de la desaparición del Sr. Santiago Maldonado, ocurrida a inicios del mes de agosto del pasado año, una serie de actores políticos, sociales y sindicales, la mayoría de ellos vinculados al kirchnerismo y a su jefa indiscutida, Cristina Fernández de Kirchner, iniciaron una campaña destinada a endilgar al Presidente de la Nación, Mauricio Macri, a la Ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, y a funcionarios del Ministerio de Seguridad, así como a integrantes de la Gendarmería Nacional, el delito de desaparición forzada respecto del Sr. Santiago Maldonado.
La citada campaña se caracterizó por la persistencia de aseveraciones que no dejaban espacio alguno para la duda, respecto de que estábamos frente a un delito de desaparición forzada. Dichas aseveraciones, ni siquiera tomaban en cuenta que había un proceso judicial en curso, una investigación en trámite que debía ser respetada, sin anticipar conclusiones.
Se privilegió, de ese modo, una clara intención política, fundada en intereses facciosos, de asimilar al actual gobierno con la última y más
terrible dictadura que padeció nuestro país con la probable finalidad de procurarse un beneficio político y electoral.
Así, sobre la base de datos falsos, se intentó infundir miedo en la ciudadanía, desparramando la mentira no sólo en ámbitos de adultos, que dicho sea de paso, debían concurrir a las urnas ese año, sino en ámbitos escolares, e involucrando, inclusive, a niños de nivel inicial.
Cabe destacar que la “desaparición forzada” fue, en nuestro país, una metodología siniestra que generó miles de víctimas, sumiendo a la Nación en el terrorismo de Estado. Por ello, la utilización y la evocación de esa etapa de nuestra historia, por parte de un conjunto de dirigentes, con experiencia política, y con millones de seguidores, no ha sido un mero error, sino una calculada maniobra tendiente a provocar consecuencias políticas, fundadas en el miedo de la ciudadanía a las más altas autoridades de nuestro país.
Quienes aparecen como principales impulsores de la campaña en cuestión, que reúnen relevancia e idoneidad suficiente como para que terceros crean en sus aseveraciones por su condición pública y por los hechos que se describen en cada caso, son, a nuestro criterio, las siguientes personas:
1.- CRISTINA FERNÁNDEZ DE KIRCHNER, quien el 30/08/2017, sostuvo que: "‘La Gendarmería que está hoy, es la misma que estaba hasta el 2015. ¿Qué cambió? ¡Cambió el Gobierno que le daba órdenes! ¡Y los militares reciben órdenes! ¡Porque las fuerzas reciben órdenes! Entonces, a Dios lo que es de Dios, al César lo que es del César‘..."
Así, la ex presidente arrancó el acto en el estadio de Atenas alzando ante la militancia una fotografía del rostro de Maldonado y advirtió sobre ‘el hecho más grave y doloroso que es la desaparición forzada‘ del joven Maldonado.
La ex mandataria agregó que: “Cuando menciono este caso, lo digo con cierto grado de autoridad. En febrero de 2017 se cumplieron 10 años de que junto con Jorge Taiana, cuando era canciller de la Argentina, y yo era senadora por la
provincia de Buenos Aires, viajamos a París para firmar la Convención Internacional sobre la Desaparición Forzada de las Personas. Por esas cosas de la vida, hoy se recuerda el Día Internacional de las Víctimas de la Desaparición Forzosa.”
Pero, además, la candidata a senadora nacional denunció que ‘estamos frente a un Gobierno con una inaudita concentración de poder, del Estado Nacional, provincial y de la ciudad, al que se le suma todo el poder privado concentrado, mediático, financiero, internacional‘, lo que vinculó al caso Maldonado.
“Cuando tiene ese poder y siente que la tapa de los diarios, haga lo que haga, va a decir lo que quiera y no lo que pasó, eso es malo. Pero no es malo solamente porque se engaña a la sociedad. Es malo porque se genera un mareo de poder y de concentración que tal vez sea la causa de la desaparición forzada de Santiago Maldonado”, apuntó.
Incluso, Cristina Kirchner sostuvo que el Gobierno busca con este caso “demostrar poder” y que “cualquiera que proteste lo van a someter y a meter preso”.
“El Gobierno tiene que garantizar que el que se le opone no es un enemigo, es un ciudadano que tiene el derecho a manifestarse”, reclamó. (VER: http://www.diarionorte.com/article/156496/cristina-apunto-contra-gendarmeria-por-la-desaparicion-de-santiago-maldonado-)
2.- SANTIAGO CÚNEO, quien, el 24/09/2017 sostuvo en el programa de Mauro Viale que “a Santiago se lo llevó muerto la Gendarmería la de la lof Cushamen” y que el gobierno oculta la verdad porque "afecta directamente a Pablo Noceti y a la Gendarmería y por supuesto incidirá en las elecciones de octubre." (VER: https://portaldenoticias.com.ar/2017/09/25/santiago-cuneo-caso-maldonado/)
3.- LUIS D´ELIA, quien en una entrevista con Jorgte Lanata, de fecha 05/11/2017, sostuvo: “Hay signos de que estuvo en una heladera”. En ese contexto, el periodista le dijo: “Estuvo dos meses en el río, lo dijeron ayer los peritos”, a lo que el dirigente redobló la apuesta poniendo como ejemplo “El submarino húmedo”, un método de tortura utilizado durante la dictadura militar, para sostener que aunque el cuerpo no muestre signos de violencia, podría haber sido asesinado. (VER: https://noticias.perfil.com/2017/11/06/delia-sobre-maldonado-hay-signos-de-que-estuvo-en-una-heladera/)
4.- LEOPOLDO MOREAU, que en un programa televisivo que conduce Gustavo Silvestre, con fecha 15/08/2017, sostuvo: “Secuestraron a Maldonado, y protegen a la Gendarmería a cambio del peritaje de Nisman”. Denunció, además, un “Pacto mafioso” entre el gobierno y la cúpula de Gendarmería. Según el dirigente de Unidad Ciudadana, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich estaría protegiendo a la cúpula de la fuerza a cambio de que los peritos cambien el peritaje sobre la muerte del fiscal Alberto Nisman. “se están acostumbrando a secuestrar”, tiró Moreau en el fragor del debate con el diputado de Cambiemos, Daniel Lipovetzky, “Secuestraron a Maldonado y ahora quieren secuestrar un resultado electoral” Rápido de reflejos, Sylvestre no dejó pasar el tema e instigó a Moreau a profundizar, ¿El canje es Maldonado por el peritaje de Nisman?, preguntó el periodista, “Están protegiendo a la Gendarmería que se llevó a Maldonado, porque tienen un pacto con Bullrich para que ellos le cambien el peritaje de la muerte de Nisman, y como tienen ese pacto mafioso con la cúpula, no quieren decir que la Gendarmería se llevó a Maldonado”, aseguró el candidato a diputado por UC. http://contrapoderweb.com/2017/08/15/leopoldo-moreau-secuestraron-a-maldonado-y-protegen-a-la-gendarmeria-a-cambio-del-peritaje-de-nisman/
5.- HEBE DE BONAFINI, que sostuvo que: "Mauricio Macri mandó a matar a Santiago Maldonado"; "lo mataron" porque "para sostener el plan económico
hay que meterle miedo al pueblo"; "Yo creo que a Santiago Maldonado lo mataron, pero no porque se les fue la mano", comenzó Bonafini. Al intentar explicar sus dichos, agregó: "Ellos hacen lo que se les manda. Macri tampoco es el que manda, él recibe órdenes de arriba". Luego la titular de Madres completó su difusa teoría: "El presidente baja las órdenes a la Bullrich (por la ministra de Seguridad), que es otra sirvienta. Y los gendarmes cumplen órdenes, no se les va la mano".
Finalmente, consultada en C5N sobre si "Macri mandó a matar" a Maldonado, respondió sin inmutarse: "Sí, sí. Porque para sostener el plan económico hay que meterle miedo al pueblo" (VER: https://www.infobae.com/politica/2017/08/30/hebe-de-bonafini-creo-que-a-santiago-maldonado-lo-mataron/)
6.- AUTORIDADES DEL GREMIO DOCENTE CTERA, organización gremial que elaboró instructivos para nivel secundario, primario e inicial, convocando a sus representados a difundir en las aulas, mediante distintos métodos pedagógicos, una versión de los hechos que daba por sentada la desaparición forzada de Santiago Maldonado, que equiparaba la situación de la dictadura con el actual gobierno y que recomendaba a los docentes tomar lista preguntando por Santiago Maldonado, a la vez que sugería como respuesta “se lo llevó la gendarmería” (VER: https://tn.com.ar/politica/santiago-maldonado-el-polemico-instructivo-de-ctera-para-tratar-el-caso-desde-el-nivel-inicial-hasta_816799). Esta iniciativa de CTERA se trasladó a las aulas, y fue seguida por muchos docentes, en todos los niveles, lo cual podrá acreditarse requiriendo a los ministerios de educación de todas las provincias las actuaciones administrativas que se hubiesen generado de oficio o a partir de denuncias efectuadas ante las autoridades educativas de cada distrito. Queda claro, en este caso, que se emplearon medios materiales, incluyendo el aparato educativo estatal, para infundir miedo en la población.
III.- EL DERECHO: Consideramos que los hechos antes descriptos, se encuadran en el tipo penal previsto en el art. 211, primer párrafo, del código de fondo, que expresamente establece:
“Será reprimido con prisión de dos a seis años, el que, para infundir un temor público o suscitar tumultos o desórdenes, hiciere señales, diere voces de alarma, amenazare con la comisión de un delito de peligro común, o empleare otros medios materiales normalmente idóneos para producir tales efectos.” (el subrayado en negrita nos pertenece).
Ha sostenido Sebastián Soler, en su obra derecho penal argentino, que “para nuestra ley penal, orden público quiere simplemente decir tranquilidad y confianza social en el seguro desenvolvimiento pacífico de la vida civil. No se trata de defender la seguridad social misma, sino más bien la opinión de esa seguridad que, a su vez, en realidad, constituye un factor más de refuerzo de aquélla”. En virtud de ello corresponde precisar que imputarle maliciosamente la comisión de un delito gravísimo a un Gobierno democrático y a las Fuerzas de Seguridad tiene por finalidad alterar el orden público y la confianza ciudadana en los Poderes del Estado.
Por su parte Francesco Carrara sostiene en su “Programa de Derecho Criminal” que “desde un punto de vista interno expresa el estado real de ánimo que consiste en la ausencia de toda conmoción violenta que pueda agitarlo, especialmente por dolor, temor o ira. Desde un punto de vista externo, expresa ese estado correspondiente del cuerpo que consiste en la ausencia de movimientos extraordinarios, impetuosos y convulsivos. Cuando esos estados se contemplan en un número indefinido de ciudadanos, y posiblemente en todos, se usa la fórmula tranquilidad pública. Se dice que ofenden esta tranquilidad aquellos hechos que suscitan en el ánimo de un número indefinido de ciudadanos alguna concitación de emociones de dolor o de miedo, de las cuales se sigue la agitación de esos ciudadanos (…) La tranquilidad es el fin de la sociedad humana, y es el fin del poder penal. Las autoridades sociales que tutelan nuestros derechos producen la
seguridad de todos; pero esto es poco, si todos no tienen también la conciencia de estar seguros, porque la opinión de la seguridad es indispensable para el libre y completo desarrollo de las actividades humanas”. Resulta indudable que a raíz de la acusación realizada se logró que un grupo significativo de ciudadanos se sintieran intranquilos sobre la situación vivida en el país por fuera de la natural consternación de cualquier ciudadano de bien que quería conocer la verdad detrás de lo acontecido. Consideramos por ende que existe una diferencia abismal entre haber preguntado: “¿Dónde está Santiago Maldonado?” y afirmar públicamente y hasta inventando o falseando información que el mismo había sido víctima de una desaparición forzada lo cual a nuestro entender constituye una conducta delictiva.
En cuanto al elemento objetivo del tipo cabe mencionar que debe tratarse de hechos “cuya criminalidad reside esencialmente, no en la lesión efectiva de situaciones materiales, cosas o personas, sino en la repercusión que los hechos tienen en el espíritu público, produciendo alarma y temor” como ha expuesto Ricardo Núñez en su Tratado de Derecho Penal, Parte Especial. Además, sendos autores han afirmado que la enunciación del Art. 211 es meramente ejemplificativa siempre y que debe medirse a las acciones por su aptitud para lograr el desorden público. Entendemos que alcanzan las declaraciones públicas sucesivas, las afirmaciones inexactas o falsas, realizadas por personas de influencia mediante medios de difusión masiva o en ámbitos formativos para configurar una acción típica capaz de suscitar la perturbación en el orden público suficiente para que se vea configurada la conducta penalmente reprobable.
Por su parte entendemos que las mentiras o denuncias vertidas por comunicadores sociales, políticos reconocidos y otro tipo de personas influyentes cumplen con el requisito normativo de tratarse de “medios materiales normalmente idóneos” para alterar la paz, tranquilidad y confianza de un número significativo de receptores de estos mensajes alienantes. También entendemos junto a varios doctrinarios que los hechos alborotadores deben revestir verosimilitud suficiente para tener la aptitud de causar el desorden propuesto,
cuestión que entendemos se deriva de manera suficiente de la trágica reciente historia argentina y de los esfuerzos de concientización pública y sensibilización que se vienen llevado adelante desde el Estado Nacional en esta materia.
Tal como se describe en el punto precedente, un nutrido grupo de dirigentes y organizaciones vinculadas al kirchnerismo y bajo la jefatura política de Cristina Fernández de Kirchner, utilizaron distintos medios materiales con entidad suficiente para infundir temor en la población, respecto del gobierno nacional y de las fuerzas de seguridad.
En relación al elemento subjetivo que exige el tipo deben tratarse de acciones orientadas a causar temor público, tumultos o desórdenes. Creemos que la forma en la que se han expuesto los falsos hechos y se han realizado las imputaciones han ido inequívocamente en la dirección de tratar de generar un temor tanto sobre la situación que se vivía en el país en relación a los poderes públicos como del riesgo o inminencia de un mal o daño futuro. En ese sentido entendemos que además ya es daño suficiente procurar instalar la idea de que vivimos en una sociedad donde un Gobierno ejecuta, cobija y esconde una desaparición forzada o un asesinato como se ha intentado instalar insistentemente. Vale precisar que es irrelevante el para qué se buscó lograr este resultado (si para obtener rating, cosechar votos, instalar titulares o lo que fuera) sino que lo relevante era la intención de perturbar el humor social.
En efecto, las personas denunciadas utilizaron variados medios materiales para infundir temor, como radios, canales de televisión, el sistema educativo, entre otras instituciones públicas y privadas, que son lo suficientemente idóneos como para atemorizar a la ciudadanía, y más aún, cuando el contenido del mensaje apuntaba a la aseveración de hechos que remitían a un pasado trágico signado por el terrorismo de Estado.
IV.- PETITORIO: En virtud de la gravedad de los hechos denunciados, solicitamos con la mayor celeridad posible, la investigación de los
mismos y que, de poseer elementos que les permitan sostener sus afirmaciones, sean remitidos a la causa correspondiente para que prime la Verdad.
Proveer de conformidad
SERÁ JUSTICIA

martes, 18 de diciembre de 2018

PEDIDO A LA LEGISLATURA PORTEÑA PARA QUE SE REALICE CHARLA CENSURADA SOBRE ADOCTRINAMIENTO EDUCATIVO


Ciudad Autónoma de Buenos Aire, 17 de diciembre de 2018.

SR. PRESIDENTE
DE LA
LEGISLATURA DE LA CIUDAD
AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
S                            /                            D

De nuestra mayor consideración:

                        REF:   RECLAMA AUTORIZACIÓN PARA REALIZACIÓN DE
EVENTO ACADÉMICO

JOSÉ LUCAS MAGIONCALDA, abogado T° 62 F° 671 del CPACF, en el carácter que surge del punto I.- de esta presentación, constituyendo domicilio en Lavalle 1773, 6° “C”, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, vengo a manifestar lo siguiente:
I.- Conforme lo acredito con la copia de poder que adjunto y firmo, declarando bajo juramento que la misma es fiel a su original, soy apoderado de CIUDADANOS LIBRES POR LA CALIDAD INSTITUCIONAL ASOCIACIÓN CIVIL, con domicilio en Lavalle 1773, 6° “C”, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
II.- OBJETO: Vengo a solicitar se conceda a mi mandante la autorización para realizar la actividad académica titulada “ADOCTRINAMIENTO EN ESCUELAS”, oportunamente programada para el pasado 18 de setiembre, en esta Legislatura, y que fuera suspendida en un lamentable acto de censura propiciada por organizaciones gremiales y algunos legisladores de clara procedencia autoritaria, conforme se expone a continuación:
III.- La Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires concedió permiso a Ciudadanos Libres por la Calidad Institucional Asociación Civil para la realización de una Charla sobre “Adoctrinamiento en las Escuelas” que debía realizarse el pasado 18/09/2018.
Una semana antes de la fecha de su realización, Ciudadanos Libres por la Calidad Institucional comenzó a difundir la convocatoria a la charla, de la cual también se hicieron eco algunos medios de comunicación.
(Ver twitt https://twitter.com/ciudadanoslib/status/1039318715626606593 y nota: http://www.parlamentario.com/noticia-112940.html)
Durante el día anterior y el mismo día en el que se realizaría el evento, cuentas de twitter de personas vinculadas al kirchnerismo, comenzaron una campaña difamatoria contra Ciudadanos Libres por la Calidad Institucional y contra su Presidente, tildándonos de “negacionistas”.
(Ver: https://twitter.com/search?q=charla%20negacionista%20legislatura&src=typd)
Posteriormente, también fue agredido en las redes el Sr. Flavio Buccino, quien había sido convocado como expositor a la charla, en su carácter de experto en educación (Ver: https://twitter.com/FlavioBuccino/status/1042067929280536576).
Esa campaña difamatoria estuvo orientada a atribuirle a la ONG organizadora de la charla, y a su Presidente, el letrado que suscribe, la condición de “negacionistas” de los crímenes de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura militar y de un hecho que la Justicia aún investiga, relacionado con privación de libertad y posteriores lesiones a una docente del Partido de Moreno.
En esta línea, el Secretario General de UTE y Gremial de CTERA, afirmó –según surge de una nota publicada en Página 12- que “el encuentro representa ¨el 2x1 en la educación¨. La Legislatura está cediendo ante una avanzada autoritaria que quiere volver atrás, perforar el piso legal del consenso social. Es decir, la enseñanza de Derechos Humanos y la perspectiva de género” (Ver: https://www.pagina12.com.ar/142874-ute-ctera-contra-el-negacionismo)
Asimismo, UTE emitió un comunicado de prensa bajo el título “RECHAZO A LA PRESENCIA DE NEGACIONISTAS EN UN ÁMBITO DEMOCRÁTICO COMO LA LEGISLATURA” que expresaba: “Desde la Unión de Trabajadores de la Educación expresamos nuestro estupor y repudio ante la habilitación por parte de la Legislatura de la Ciudad a la realización de una charla sobre “Adoctrinamiento en las Escuelas” organizada por la Asociación Ciudadanos Libres. Esta asociación, que desde la figura de su presidente ataca comunicacional y judicialmente a las Madres y Abuelas de Plaza de Mayo, en los últimos días ha desplegado una campaña en la red social twitter poniendo en duda el secuestro y las torturas sufridas en Moreno por la docente Corina de Bonis e intentando desprestigiar la lucha de la comunidad educativa de Moreno. La Legislatura de la Ciudad no debería dar lugar a asociaciones negacionistas que llaman “adoctrinamiento” a la educación en Derechos Humanos y a la Formación Ciudadana que establecen no sólo las leyes vigentes y la Constitución Nacional y porteña sino también los mismos contenidos curriculares oficiales. Por ello, resulta inadmisible que en un ámbito público y emblemático de la democracia tengan lugar estas intervenciones autoritarias.” (Ver:http://ute.org.ar/rechazo-a-la-presencia-de-negacionistas-en-un-ambito-democratico-como-la-legislatura/)
Por su parte, la Legisladora Victoria Montenegro presentó una nota a las autoridades de la Legislatura porteña en la que dijo, refiriéndose al  Presidente de Ciudadanos Libres y letrado firmante de esta petición: “El presidente de dicha asociación, José Magioncalda, lleva adelante una campaña que niega la existencia de los 30.000 desaparecidos por la última dictadura cívico militar. Recientemente también negó el secuestro y tortura de la docente Corina de Bonis, a quien escribieron ¨Ollas no¨ en el cuerpo con un punzón”. Asimismo, sostuvo que “Resulta inadmisible dar lugar a estos posicionamientos negacionistas en la misma casa legislativa que ha reconocido en innumerables declaraciones la magnitud del terrorismo de Estado y ha valorado la lucha de los organismos de Derechos Humanos. Actividades como éstas significan un gran retroceso del proceso de Memoria, Verdad y Justicia que la sociedad argentina abraza con irrenunciable compromiso. Por todo lo expuesto, solicito al Señor Presidente de la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires tenga a bien oficiar los medios para evitar el agravio a los Derechos Humanos que significa la realización de la actividad mencionada en el ámbito de la legislatura”. (Ver   http://noticiasurbanas.com.ar/noticias/montenegro-evito-una-charla-que-atentaba-contra-los-derechos-humanos/)
Es así como, a partir de estas FALSAS ACUSACIONES, basadas en mentiras y en hechos totalmente tergiversados, la Legislatura porteña, pocas horas antes de que la charla se realizara, y en medio de presiones sindicales, suspendió la actividad. De más está decir que, por la estrategia seguida por la organización gremial y la legisladora mencionada, consistente en cuestionar la actividad sobre la hora de su realización, no existió tiempo suficiente para Ciudadanos Libres de brindar a la Legislatura porteña un descargo en relación a las difamaciones sufridas.
Esta acusación de “negacionismo” no es nueva. Ya fue realizada por medios de comunicación kirchneristas y por algunos organismos de DDHH, también kirchneristas, contra el gobierno nacional, cuando el Estado Nacional respondió a una solicitud de acceso a información pública, efectuada por Ciudadanos Libres, requiriendo el número de víctimas de terrorismo de estado, tanto en la etapa de la dictadura militar, como en la etapa del gobierno que le precedió y que encabezara Juan Domingo Perón hasta su muerte, y luego continuara su viuda. (Ver twitt de El Destape Web: https://twitter.com/eldestapeweb/status/795734468564754432?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E795734468564754432&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.eldestapeweb.com%2Fquien-es-el-oscuro-abogado-que-le-pidio-la-cifra-desaparecidos-al-gobierno-macri-n22483)
Este pedido se dio en el contexto de diversos actos violentos y escraches ocurridos contra personas y/o funcionarios que sostuvieron que los desaparecidos no fueron 30.000, así como cuestionamientos al Presidente de la Nación, Ing. Mauricio Macri, por restarle importancia a la discusión sobre el número de desaparecidos.
Entendimos, en aquella oportunidad, que ante el revuelo provocado por las distintas declaraciones de personas públicas sobre el número de desaparecidos, nada mejor que el Estado, poniendo información objetiva y oficial, al servicio de la ciudadanía.
Y así, concretamente, manifestamos al tiempo de solicitar la información que “la historia reciente y, en particular, la que refiere al terrorismo de estado, no debe ser un instrumento para ejercer revanchas o justificar agresiones, sino por el contrario, ha de ser un punto de partida para el aprendizaje colectivo. Por ello, resulta imprescindible que los hechos históricos sean reconstruidos a partir de la verdad o, o en su defecto, a partir de los datos que más se acerquen a ella.”
Cuando los números se difundieron, supimos que los mismos pertenecían al Registro Único de Víctimas de Terrorismo de Estado, creado por el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner. No obstante lo cual, la reacción de organismos de DDHH kirchneristas tuvo el tenor de las acusaciones recibidas por Ciudadanos Libres en horas previas a la charla programada en la Legislatura. (Ver: http://www.telam.com.ar/notas/201611/169725-estela-de-carlotto-desaparecidos-cifras.html).
Los datos brindados por el Estado Nacional, también fueron muy útiles para conocer qué porcentaje de las víctimas del terrorismo de estado correspondían al gobierno constitucional iniciado por Juan Domingo Perón y continuado por su viuda, la Sra. María Estela Martínez de Perón (alias “Isabelita”). Quizá esto también haya sido motivo de preocupación para los integrantes del movimiento que se negó a formar parte de la Conadep, que avaló la autoamnistía del gobierno militar, que indultó genocidas y que, finalmente, se dedicó a bajar cuadros y sobreactuar la defensa de los DDHH, autoasignándose el rol de único intérprete y defensor de esta causa.
Asimismo, la información obtenida referida a la etapa del gobierno peronista, fue complementada por el fallo “La Perla”, dictado por la Justicia Federal de la Provincia de Córdoba, mediante el cual se determinó la intervención de fuerzas militares regulares y centros clandestinos de detención durante el gobierno de “Isabelita”. Ver nota:
https://www.lanacion.com.ar/1931504-megacausa-la-perla-por-primera-vez-se-reconoce-como-delitos-de-lesa-humanidad-a-crimenes-en-democracia
Con ambas constancias, Ciudadanos Libres denunció en la Justicia, a la Sra. María Estela Martínez de Perón (alias “Isabelita”), por delitos de lesa humanidad cometidos durante su mandato. Ver nota: https://www.lagaceta.com.ar/nota/707994/politica/denuncian-isabel-peron-secuestros-homicidios-durante-gobierno.html
De este modo, mal puede atribuirse a Ciudadanos Libres, el carácter de “negacionista” cuando ha impulsado juicios y solicitado información, sobre la base de la convicción de que los crímenes de lesa humanidad existieron.
Más aún, el Presidente de Ciudadanos Libres, en una nota publicada en el periódico de internet Tribuna de Periodistas, durante el mes de febrero de 2017, sostuvo que el ex carapintada y funcionario del gobierno de Macri, Juan José Gómez Centurión, debía irse del cargo por cuestionar la existencia de un plan sistemático de desaparición de personas durante la dictadura militar. Y así fue fundamentado:
“El militar en cuestión  ha negado la existencia de un plan sistemático de represión ilegal durante la última dictadura. Con ello, pretendió desmentir la sentencia de un proceso fundacional para la restauración democrática, como fue el Juicio a las Juntas. El ex carapintada pretende hacernos creer que organizaciones verticales como el Ejército, la Armada y la Fuerza  Aérea, más aún en dictadura, sembraron todo el país de centros clandestinos de detención, tortura y asesinato, como producto de decisiones casuales o caóticas de sus miembros. Más aún, lo ocurrido en Argentina tuvo su correlato, al mismo tiempo, en países vecinos, lo cual demuestra –también- una política regional deliberada que no puede asimilarse a la teoría del caos que esboza el militar en cuestión.
En definitiva, el planteo de Gómez Centurión sólo puede entenderse como una defensa corporativa basada en la mala fe, y como una vulneración a la ética que debe regir el comportamiento de un funcionario público.”
Y, asimismo, también se dijo en esa nota que: “Se le ha cuestionado –y con razón- a los organismos de derechos humanos kirchneristas, que impongan a la sociedad por la agresión y el escrache una cifra de desaparecidos que no se ajusta a los datos que obran en poder del Estado. Con más razón debemos exigirle a un funcionario público que deje de serlo, si su idea es desmentir hechos aberrantes que llevaron a la muerte a miles de personas, y cuya comprobación ya es cosa juzgada.” Ver nota: https://periodicotribuna.com.ar/17748-un-carapintada-digno-de-arresto.html
También fue Ciudadanos Libres quien denunció al ex ministro de Justicia, Julio César Alak, cuando durante el gobierno de Cristina Kirchner se utilizó el edificio de la ex Esma, para hacer asados y demás actividades festivas. Ver nota: https://www.lanacion.com.ar/1542888-alak
La posición de Ciudadanos Libres es clara. Considera que la última dictadura militar y el gobierno constitucional que precedió a dicha dictadura, cometieron sistemáticas violaciones a los DDHH, y adhiere plenamente a todo lo actuado al respecto por la justicia argentina y, particularmente, en el histórico “Juicio a las Juntas”.  Y, asimismo, considera que nadie puede ser tratado de negacionista por no adherir dogmáticamente a la existencia del número de 30.000 desaparecidos, o a cualquier otro número que no tenga su correlato con constancias fehacientes y con hechos probados en la Justicia. Más aún, reivindicamos el derecho de la ciudadanía de dudar, preguntar e investigar sobre todo aquello que, en esta materia, no sea cosa juzgada.
Ciudadanos Libres ha criticado, al igual que el Sr. Vicegobernador de la Provincia de Buenos Aires, y destacado defensor de los DDHH, Daniel Salvador, la ley de dicho distrito, que establece como cifra oficial de desaparecidos la de 30.000. Ver: https://www.lanacion.com.ar/2028050-daniel-salvador-se-sumo-a-las-criticas-por-la-ley-que-decreta-como-cifra-oficial-la-de-30-mil-desaparecidos
Asimismo, la propia Comisión Interamericana de Derechos Humanos se ha pronunciado en sentido contrario de la mencionada ley bonaerense, por entender que contraviene el artículo 13 de la Convención Interamericana de Derechos Humanos que protege el derecho a buscar, recibir y difundir información de toda índole. Ver: https://www.lapoliticaonline.com/nota/106871-la-oea-cuestiono-la-ley-que-fija-los-desaparecidos-en-30-000/
En este mismo sentido, es clara la opinión de la Sra. Graciela Fernández Meijide, quien siendo una destacadísima defensora de los DDHH, considera que el número de víctimas de terrorismo de estado es más cercano al de la Conadep (que ella misma integró) y al de las constancias obrantes en el RUVTE. Meijide se preguntó: “Pasaron los años, se acabó el miedo: ¿Me van a decir que hay 20.000 familias que no han denunciado la desaparición de un miembro? Explíqueme cómo, por favor”. Sus dichos fueron ampliamente reproducidos en diferentes medios de comunicación, aunque destacamos particularmente la publicación del 24 de marzo de 2017: Ver nota: https://www.lanacion.com.ar/1998753-graciela-fernandez-meijide-yo-no-admito-que-haya-dos-numeros-de-desaparecidos
Es muy importante destacar la fecha antes citada, porque siendo ya conocida esta postura de la Sra. Fernández Meijide, la Legislatura porteña la galardonó como “CIUDADANA ILUSTRE”  en  julio de 2017. Ver: https://www.lanacion.com.ar/2046626-graciela-fernandez-meijide-fue-distinguida-como-ciudadana-ilustre-en-la-legislatura-portena
Este antecedente es determinante para dar por sentado que, para la Legislatura porteña, no es negacionista considerar que los desaparecidos fueron menos de 30.000. De lo contrario, dicho poder del estado, jamás hubiese distinguido a la Sra. Fernández Meijide. En consecuencia, considera Ciudadanos Libres que, quienes promueven la construcción de la Historia, sobre la base de hechos acreditados, no debieran padecer censura alguna, y mucho menos en un ámbito legislativo.
En cuanto a la acusación de negar el secuestro y tortura de la docente Corina de Bonis, es necesario destacar que: en el contexto de una situación crítica vivida en el Partido de Moreno, a partir de la explosión de una escuela que costó la vida de dos personas, y de un severo conflicto gremial disparado a partir de esa situación, el Sr. Baradel anunció el caso de la docente Corina de Bonis. Las características del anuncio y los antecedentes del sindicalista en cuestión, promoviendo el adoctrinamiento de niños en función del caso Maldonado, llevaron inmediatamente al Presidente de Ciudadanos Libres a “tomar con pinzas” lo que se informaba. Asimismo, a horas de denunciado el hecho, el periodista Christian Sanz ya lo ponía en duda, con atendibles fundamentos. Ver nota: https://periodicotribuna.com.ar/20142-baradel-y-el-oportuno-secuestro-a-una-maestra-en-moreno.html
Es en ese contexto que, el 13/09/2018, el Presidente de Ciudadanos Libres envió un twitt con el siguiente texto:
“Después de lo que pasó con Maldonado, los ciudadanos tenemos derecho a dudar del caso de la ¨maestra torturada¨. El gobierno, en cambio debe investigar como si fuera cierto, y los que sin querer o queriendo adhirieron a la operación Maldonado, deberían ser más prudentes.”
El pasado sábado, la información “en off” que personas allegadas a la causa brindaban al periodismo pasó a ser expuesta de modo público, y con cita de fuente: nada menos que el titular de la Procuración bonaerense, Julio Conte Grand. Así, se incorporaron nuevos elementos que ponen en duda el relato de la maestra, como por ejemplo, la pericia que establece que las lesiones no son compatibles con un caso de tortura: https://www.clarin.com/sociedad/justicia-duda-testimonio-docente-secuestrada-torturada-moreno_0_ppv7BCCls.html
Sostener, como lo hizo el Presidente de Ciudadanos Libres en un twitt, que los ciudadanos tienen derecho a dudar, no es negar ni afirmar el hecho sobre el cual se reivindica el derecho a dudar, por lo que la acusación de negacionista tampoco es procedente por este tema. Pero además, no estamos hablando de un derecho a dudar ejercido de cualquier modo. Estamos hablando de un derecho a dudar ejercido con la responsabilidad de entender la gravedad que puede tener tal suceso, en caso de confirmarse, y la necesidad de que el estado se ocupe de investigarlo. En definitiva, aún cuando alguien pudiera interpretar la duda como negación, queda claro que un negacionista no pide que el estado investigue el hecho que niega por si fuera cierto. Y en este caso, sí se pidió.
Finalmente, debemos recordar que el twitt en cuestión fue emitido antes de las 24 horas de la ocurrencia del hecho, en el contexto de versiones periodísticas contradictorias, de una lucha político/gremial entre los sindicatos docentes y el gobierno de la Provincia de Buenos Aires,  y en la etapa inicial de una investigación judicial que, al día de hoy, aún no ha finalizado.
Se sostiene, también, en el comunicado de los gremios, que el Presidente de Ciudadanos Libres ha denunciado y atacado comunicacional y judicialmente a “Madres” y “Abuelas” de “Plaza de Mayo”. Corresponde aclarar, al respecto, que aun manteniendo diferencias en lo que hace a la política partidaria que despliegan ambas organizaciones, y aun teniendo en cuenta el caso de corrupción en que se vio envuelta la organización que preside Hebe de Bonafini, el Presidente de Ciudadanos Libres no ha emitido comunicación alguna que fuera irrespetuosa.
Prueba de ello, por ejemplo, es la respuesta que el Presidente de Ciudadanos Libres le dio la Sra. de Carlotto cuando cuestionó el derecho de esa mima ONG a acceder a información vinculada con el número de desaparecidos, oportunidad en la que calificó a Ciudadanos Libres como “un grupo desconocido de abogados”. En un pasaje de la nota el Presidente de Ciudadanos Libres escribió: “Con todo el respeto que nos merece la incesante lucha de la Sra. Estela de Carlotto, consideramos que en este caso se equivoca.” Ver: https://periodicotribuna.com.ar/17634-repuesta-a-carlotto-por-el-numero-de-desaparecidos.html
Ahora bien: todo ciudadano y toda organización están en su derecho de efectuar denuncias a quien comete un ilícito. Y es en ejercicio de ese derecho que se realizaron las siguientes denuncias:
1.- A la Señora de Carlotto, ante el INADI, por sus dichos discriminatorios respecto de los choferes. Ver: http://ciudadanoslibrespci.blogspot.com/2018/08/denuncia-contra-estela-de-carlotto-por.html
2.- A la Sra. Hebe de Bonafini, por dichos destituyentes que Ciudadanos Libres consideró podrían haberla  hecho incurrir en los delitos de instigación a la sedición y de intimidación pública. Ver: http://ciudadanoslibrespci.blogspot.com/2018/09/denuncia-contra-hebe-de-bonafini.html
De la gran cantidad de denuncias realizadas por Ciudadanos Libres es ínfima la destinada a personas vinculadas a la defensa de los DDHH, por lo que no puede hablarse de un ataque judicial a las organizaciones en cuestión, sino de cuestionamientos a dirigentes puntuales, y por actos contrarios a la causa de los DDHH.
Asimismo, pública y privadamente el Presidente de Ciudadanos Libres ha sostenido que ciertas organizaciones de DDHH, en especial las que abrazaron al kirchnerismo, padecen de sectarismo y aplican doble estándar cuando se trata de repudiar a personas sospechosas de vulnerar los DDHH que coinciden con su pensamiento político partidario.
En definitiva, no es cierto que existan los “ataques comunicacionales” aludidos contra dichas organizaciones. Y, por otra parte, la sola utilización de vocabulario bélico para referirse al derecho de expresarse públicamente, habla del poco apego por las libertades públicas que exhibe el gremio docente.
También dice ese mismo gremio que el Presidente de Ciudadanos Libres intentó desprestigiar la lucha de la comunidad educativa de Moreno. Como podrá verse en twitter, con el hashtag #EscuelasDeMoreno, solo se limitó a brindar información, videos, audios y fotos que le enviaban personas de esa misma comunidad educativa que no están de acuerdo con las estrategias del gremio, ni con el accionar de la Municipalidad de Moreno y que, por otra  parte, ni los propios protagonistas de las conductas exhibidas han desmentido. Entre las cosas que se cuestionaron, están la foto de un niño muy pequeño –de espaldas-, de delantal blanco, a quien le habían colocado un cartel casi tan grande como él, que decía: “Maestro: tu luchas es mi lucha”, en lo que constituye la utilización con fines proselitistas de un alumno.
Ver: https://twitter.com/magioncalda/status/1036797274804944897
También cuestionó, el Presidente de Ciudadanos Libres, la frivolidad de algunos gremialistas, al contratar un dron para filmar la manifestación desde el cielo, en un distrito donde la población padece, desde hace muchísimos años, enormes necesidades; entre otros desaciertos. Ver: https://twitter.com/magioncalda/status/1035944187164876802
En definitiva, cuestionar el accionar de un gremio que, por lo visto, pretende atribuirse de modo totalitario la representación de toda la comunidad de Moreno, no es motivo suficiente para promover hechos discriminatorios como la censura de una actividad académica, y mucho menos para estigmatizar con la acusación de “negacionista”  a quienes la organizan.
Es falso, asimismo, que Ciudadanos Libres llame “adoctrinamiento” a “la educación en Derechos Humanos y a la Formación Ciudadana que establecen no sólo las leyes vigentes y la Constitución Nacional y porteña, sino también los mismos contenidos curriculares oficiales.” Y es falso, además, que la charla en cuestión tuviera relación alguna con educación en cuestiones de género.
Ciudadanos Libres no ha cuestionado contenidos curriculares. Avala y promueve la educación en DDHH. Y considera que es clave que los niños incorporen dichos conocimientos.
Ahora bien, existen prácticas, muchas veces promovidas por los gremios, que aun refiriéndose a contenidos curriculares, utilizan una metodología que Ciudadanos Libres ha caracterizado como adoctrinamiento.
Para decirlo claramente: Ciudadanos Libres promueve que se explique qué son los derechos humanos, y avala que los niños aprendan la importancia de respetarlos y defenderlos. Lo que se cuestiona es que se realice proselitismo político partidario y/o gremial, so pretexto de educar en esta y otras materias. Como ejemplo, con la excusa de educar en DDHH, los gremios docentes y algunos maestros, han transmitido a los niños apresuradas conclusiones sobre el caso Maldonado, y han cuestionado a un determinado sector político, introduciendo desde su lugar de autoridad sobre los niños, la política partidaria en las escuelas públicas.
También ha sido de público conocimiento que se ha pasado lista en algunas aulas nombrando a Maldonado, para que los niños respondieran “se lo llevó la Gendarmería” o “está desaparecido”, lo cual constituye un ritual que está más cerca del adoctrinamiento religioso que de la incorporación de conocimientos.
Si de respetar DDHH se trata, debemos hacer valer lo que establece en su art. 14, la Convención sobre los Derechos del Niño: 1. Los Estados Partes respetarán el derecho del niño a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión. 2. Los Estados Partes respetarán los derechos y deberes de los padres y, en su caso, de los representantes legales, de guiar al niño en el ejercicio de su derecho de modo conforme a la evolución de sus facultades.
Se trata, en definitiva, de que el Estado se encuentra plenamente facultado para brindar conocimientos curriculares, pero tiene límites cuando lo que se pretende hacer es inculcar un determinado modo de pensar. El niño debe llegar a construir ese modo de pensar a partir de los conocimientos no sesgados que se le brindan en la escuela, con el uso de sus facultades mentales y con el acompañamiento de sus padres. Imponerle lo que el maestro o el gremio opinan destruye ese proceso de aprendizaje.
IV. EL ACTO DISCRIMINATORIO: La Constitución Nacional en su artículo 16 dispone: “Todos sus habitantes son iguales ante la ley y admisibles en los empleos sin otra condición que la idoneidad.” En su artículo 75, inc. 22, otorga jerarquía constitucional a los instrumentos internacionales de derechos humanos allí enumerados, los cuales a su vez consagran el mencionado principio de igualdad y no discriminación en más de una oportunidad. La Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre en su artículo 2º establece: “Todas las personas son iguales ante la ley y tienen los derechos y deberes consagrados en esta Declaración sin distinción de raza, sexo, idioma, credo ni otra alguna.” La Declaración Universal de Derechos Humanos en su artículo 7º declara: “Todos son iguales ante la ley y tienen, sin distinción, derecho a igual protección de la ley contra toda discriminación…”. El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos señala, en su artículo 26 dispone: “Todas las personas son iguales ante la ley y tienen derecho sin discriminación a igual protección de la ley.” A este respecto, la ley prohibirá toda discriminación por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, ideológicos, políticos o cualquier otra condición social. La Convención Americana sobre Derechos Humanos en su artículo 25 señala: “Todas las personas son iguales ante la ley. En consecuencia, tienen derecho, sin discriminación, a igual protección de la ley”.
Tal como lo ha sostenido INADI, en su dictamen 166-2011 del 27/07/2011, “Constituye discriminación en el sentido estricto de la significación ético-jurídica, toda acción por la cual se le otorga un trato diferente a una persona, grupo de personas o sector social con fundamento en sus características naturales o particulares, sin una justificación objetiva y suficiente en relación con los fines e intereses en juego para esa pretensión. A dicho criterio debe sumársele que la conducta impugnada se encuentre comprendida en los supuestos del art. 1º de la ley 23.592 o al menos responda al orden de causales que perfila.”
De lo dicho hasta aquí se advierte que los denunciados  han estigmatizado con la expresión “negacionista” al Presidente de Ciudadanos Libres y a Ciudadanos Libres por la Calidad Institucional Asociación Civil.
Esa estigmatización tuvo una finalidad. Poner a la Legislatura porteña, a horas de realizarse el evento programado con suficiente antelación, en la disyuntiva de permitirlo –sin contar con toda la información que le asegurase que las acusaciones de negacionismo fuesen falsas- y dando lugar a la comisión de eventuales hechos violentos por parte de quienes se oponían, o suspenderla, evitando los riesgos antes mencionados, pero afectando la libertad de expresión.
En efecto, pese a que la convocatoria tuvo lugar una semana antes, promocionándose en redes sociales y en algunos medios de comunicación, las presentaciones formales para desactivar la charla se realizaron el mismo día, de modo tal de eludir toda posibilidad de efectuar un descargo por parte de los organizadores, que permitiera seguir adelante con la actividad.
La realidad es que ni la ONG organizadora del frustrado evento ni sus miembros  son “negacionistas” de los crímenes de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura militar. Y es real, también, que no puede obligarse a nadie a adherir dogmáticamente a una cuantificación de víctimas que no tiene sustento en datos oficiales.
Tampoco puede considerarse “negacionista” el twitt ya descripto, respecto de la situación de la maestra de Bonis, ni las denuncias o expresiones discordantes respecto de sindicatos y organizaciones de DDHH, en temas que nada tienen que ver con lo ocurrido durante la última dictadura militar.
Queda claro que las falsas acusaciones provienen de quienes ven en Ciudadanos Libres y en sus miembros, no a personas que piensan distinto, sino a enemigos  políticos e ideológicos, que vienen trabajando la cuestión del adoctrinamiento en las escuelas desde que, Ciudadanos Libres efectuara  una denuncia en la Justicia Federal, contra un  funcionario del gobierno de Cristina Kirchner que organizaba la intromisión de “La Cámpora” en las escuelas. Ver:  http://www.perfil.com/noticias/politica/denuncian-a-un-funcionario-por-adoctrinamiento-fascista-20120816-0028.phtml
También denunció Ciudadanos Libres a la entonces Ministra de Desarrollo Social, Alicia Kirchner, por editar elementos de adoctrinamiento para niños. Ver: https://www.lapoliticaonline.com/nota/92228-denunciaron-a-alicia-kirchner-por-editar-cuadernos-infantiles-con-la-imagen-de-cristina-y-evita/
Y, en los últimos años, Ciudadanos Libres por la Calidad Institucional elaboró modelos de denuncias para casos de proselitismo político/gremial en escuelas, que fueron puestos a disposición de las comunidades educativas a través de su blog:
Modelo para CABA.
Ver: http://ciudadanoslibrespci.blogspot.com/2017/04/proselitismo-politicogremial-en.html
Modelo para Prov. de Bs As.
Ver: http://ciudadanoslibrespci.blogspot.com/2017/04/proselitismo-politicogremial-en_17.html
Lo que se pretende con las falsas acusaciones es que no se hable de adoctrinamiento, y fundamentalmente, que no hablen de ese tema quienes mantienen diferencias políticas con el kirchnerismo. Pretenden, en definitiva, cercenar la libertad de expresión. Con esa intención, en esta oportunidad, menoscabaron el derecho a la imagen y al honor de Ciudadanos Libres y de sus miembros, tildándolos públicamente de “negacionistas”, con el claro objetivo de provocar la censura de una actividad académica programada.
Asimismo, corresponde destacar que, independientemente de lo decidido de modo apresurado por la Legislatura porteña, constituye un acto discriminatorio el solo hecho de que gremios y legisladores solicitaran la suspensión de la actividad en cuestión, bajo la falsa acusación de negacionismo, y con miras a impedir que el que piensa distinto se exprese. Es un claro caso de discriminación por razones políticas e ideológicas.  
Y dado que por las circunstancias antes descriptas, la Legislatura porteña decidió suspender la actividad, como consecuencia de la presión gremial y política, fundada en hechos falsos y en intolerancia al que piensa distinto, los denunciados también han sido partícipes del acto discriminatorio de censura, con clara motivación política e ideológica.
La ley 23.592 considera que discrimina “Quien arbitrariamente impida, obstruya, restrinja o de algún modo menoscabe el pleno ejercicio sobre bases igualitarias de los derechos y garantías…”, con fundamento en diversas razones, como las de índole política.
En consecuencia, estamos ante hechos discriminatorios que menoscabaron el derecho a la imagen y al honor de los integrantes de Ciudadanos Libres, ONG acusada arbitrariamente de “negacionista” por el solo hecho de pensar distinto a los denunciados. Y que menoscabaron e impidieron su libertad de expresión, porque el tema elegido para el evento “Adoctrinamiento en Escuelas” y las opiniones políticas del Presidente de Ciudadanos Libres, no eran del agrado de los denunciados.
V.- OPORTUNIDAD DE LA LEGISLATURA PORTEÑA DE HACER CESAR EL HECHO DISCRIMINATORIO:
Como ya se ha dicho, Ciudadanos Libres entiende la difícil situación en que las autoridades de la Legislatura porteña se vieron obligadas a tomar la decisión de suspender el evento en cuestión. Ello provocó una injusta situación discriminatoria que las mismas autoridades están en condiciones de hacer cesar, mediante la designación de una nueva fecha para la realización del citado evento. Y, desde ya, mediante la adopción de las medidas de seguridad necesaria que eviten actos violentos por parte de organizaciones de habitual proceder fascista.
A todo evento, y para el negado supuesto en que el presente pedido sea rechazado, Ciudadanos Libres deja planteado el caso federal, para ocurrir ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación en los términos del art. 14 de la ley 48, dado que se encontrarían vulnerados derechos y garantías de raigambre constitucional, como el derecho a la no discriminación, la libertad de expresión, el derecho a la imagen y el principio del debido proceso.
Asimismo, en el supuesto de rechazo de la presente decisión, Ciudadanos Libres reserva el derecho de acudir a la Justicia para reclamar el cese el hecho discriminatorio, así como para efectuar las acciones penales y patrimoniales contra la Legislatura porteña y, personalmente, contra sus autoridades.
VI.- PETITORIO: Por todo lo expuesto, solicito se autorice para el mes de marzo de 2019, o bien para la fecha que resulte atendible a la disponibilidad de la Legislatura y de Ciudadanos Libres, la realización de la actividad académica “Adoctrinamiento en Escuelas”, cuya organización quedará a cargo de la ONG peticionante.

Atentamente


José Lucas Magioncalda
Abogado Tº 62 Fº 671 del CPACF
Apoderado “Ciudadanos Libres por la Calidad Institucional Asociación Civil

lunes, 3 de diciembre de 2018

SERGIO MASSA DENUNCIADO EN LA OFICINA ANTICORRUPCION


                                   Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 3 de diciembre de 2018.

Sra. Secretaria
Secretaría de Ética Pública, Transparencia
y Lucha contra la Corrupción
(OFICINA ANTICORRUPCIÓN)
Lic. Laura Alonso
S                                 /                                  D

De mi mayor consideración:

Ref: DENUNCIA CONTRA SERGIO MASSA Y AUTORIDADES DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DEL NOROESTE DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES (UNNOBA)

JOSÉ LUCAS MAGIONCALDA, abogado Tº 62 Fº 671 del CPACF, en mi carácter de apoderado de CIUDADANOS LIBRES POR LA CALIDAD INSTITUICONAL ASOCIACIÓN CIVIL, conforme lo acredito con la copia de poder que obra agregada a otras presentaciones efectuadas ante este organismo (Ej: CUDAP S04:0047074/2016 del registro del MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS), y constituyendo domicilio en Lavalle 1773, 6º “C”, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, me dirijo a Ud. a fin de efectuar la siguiente denuncia:

El "Profe" Massa, denunciado ante la Oficina Anticorrupción
I.- HECHOS: Conforme lo publicado por el portal de noticias Real Politik en sus notas fechadas el 27 y 28/11/2018 que se adjuntan al presente, el ex diputado Sergio Massa se encuentra contratado como docente “Adjunto Interino” por la Universidad Nacional del Noroeste de la Provincia de Buenos Aires y percibe un salario de alrededor de $ 8.000 (pesos ocho mil), pese a lo cual, no dicta clases ni concurre a dicha casa de estudios (con sedes en Tandil y Pergamino, según consta en la página web de la citada casa de estudios: http://www.unnoba.edu.ar/ ).
La justificación que intentaron brindar las autoridades de la universidad, según las notas periodísticas citadas, es que, en realidad, el ex diputado Sergio Massa cumpliría funciones de asesor en el diseño curricular de la “especialización en Planificación y Política Pública Territorial”. Extraña función, para alguien que, como único antecedente académico de relevancia, posee un título de abogado obtenido hace poco más de 5 (cinco) años.

II.- DERECHO APLICABLE: Los hechos relatados, además de que podrían importar perjuicio económico al estado nacional, podrían también ser encuadrados como delitos.
En efecto, las autoridades de la universidad mencionada, podrían haber incurrido en malversación de caudales públicos, atento a que, ya sea que el ex diputado Massa cumpliera o no alguna función, la misma no sería aquella por la que se le paga. Nótese que, al respecto, el art. 260 del Código Penal establece: “Será reprimido con inhabilitación especial de un mes a tres años, el funcionario público que diere a los caudales o efectos que administrare una aplicación diferente de aquella a que estuvieren destinados. Si de ello resultare daño o entorpecimiento del servicio a que estuvieren destinados, se impondrá además al culpable, multa del veinte al cincuenta por ciento de la cantidad distraída.
Por su parte, en caso de ser cierta la conducta atribuida a Sergio Massa, consistente en percibir fondos públicos como contraprestación por tareas que no realiza y que fingiría realizar (ya sea que realice o no tareas de otra índole) la misma estaría encuadrada dentro de lo previsto en el artículo 174 del Código Penal, que establece: “Sufrirá prisión de dos a seis años: …5º. El que cometiere fraude en perjuicio de alguna administración pública.-.”.

III.- SUGERENCIA DE MEDIDAS PROBATORIAS: En razón de lo expuesto, se sugiere a esa OFICINA ANTICORRUPCIÓN que requiera a la Universidad Nacional del Noroeste de la Provincia de Buenos Aires:

1.- Toda la información vinculada a la contratación del Sr. Sergio Massa, a saber: contratos, resoluciones de nombramientos, normativas que establecen las funciones del cargo por el que se le abonaría salario, recibos de haberes, solicitudes de licencia, comprobante de ingreso al establecimiento para prestar tareas, etc.;

2.- Toda la documentación vinculada a las supuestas tareas de asesoramiento realizadas por el denunciado, a saber: requerimientos de asesoramiento efectuados por la universidad, ya sea mediante simples notas, mediante e-mails, o mediante cualquier otro medio; notas, mails o cualquier otra constancia que acredite la emisión, por parte del denunciado, de dictámenes u opiniones que impliquen asesoramiento a la universidad que aparece formalmente como su empleadora.

3.- Se incorporen a estas actuaciones las dos notas periodísticas antes refereidas:



IV.- PETITORIO: Por todo lo expuesto, pido se tenga presente la denuncia efectuada, se ordene la investigación preliminar correspondiente, que incluya las medidas probatorias sugeridas, y finalmente, en caso de proceder, se formule denuncia en sede penal.

Sin otro particular, saludo a Ud. muy atentamente


     José Lucas Magioncalda
Abogado Tº 62 Fº 671 CPACF
DNI: 23.249.495
Apoderado CIUDADANOS LIBRES POR LA CALIDAD INSTITUCIONAL ASOCIACIÓN CIVIL