DENUNCIA: INTIMIDACIÓN PÚBLICA POR LA "OPERACIÓN MALDONADO"

DENUNCIAN DELITO DE INTIMIDACIÓN PÚBLICA

Señor Juez:

YAMIL SANTORO, abogado Tº 124 Fº208, CPACF (con domicilio electrónico 20334984037) y JOSÉ LUCAS MAGIONCALDA, abogado Tº 62 Fº 671 del CPACF, (con domicilio electrónico 20232494957), ambos constituyendo domicilio legal en Lavalle 1773, 6º “C”, Ciudad Autónoma de Buenos Aires a V.S. nos presentamos y respetuosamente decimos:

I.- OBJETO: Venimos a denunciar a CRISTINA FERNÁNDEZ DE KIRCHNER, SANTIAGO CÚNEO, LUIS D´ELÍA, LEOPOLDO MOREAU, HEBE DE BONAFINI y AUTORIDADES DEL GREMIO CTERA, la posible comisión del delito de intimidación pública (art. 211 del Código Penal) conforme los hechos y consideraciones que se exponen seguidamente:

II.-HECHOS: A partir de la desaparición del Sr. Santiago Maldonado, ocurrida a inicios del mes de agosto del pasado año, una serie de actores políticos, sociales y sindicales, la mayoría de ellos vinculados al kirchnerismo y a su jefa indiscutida, Cristina Fernández de Kirchner, iniciaron una campaña destinada a endilgar al Presidente de la Nación, Mauricio Macri, a la Ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, y a funcionarios del Ministerio de Seguridad, así como a integrantes de la Gendarmería Nacional, el delito de desaparición forzada respecto del Sr. Santiago Maldonado.

La citada campaña se caracterizó por la persistencia de aseveraciones que no dejaban espacio alguno para la duda, respecto de que estábamos frente a un delito de desaparición forzada. Dichas aseveraciones, ni siquiera tomaban en cuenta que había un proceso judicial en curso, una investigación en trámite que debía ser respetada, sin anticipar conclusiones.

Se privilegió, de ese modo, una clara intención política, fundada en intereses facciosos, de asimilar al actual gobierno con la última y más

terrible dictadura que padeció nuestro país con la probable finalidad de procurarse un beneficio político y electoral.

Así, sobre la base de datos falsos, se intentó infundir miedo en la ciudadanía, desparramando la mentira no sólo en ámbitos de adultos, que dicho sea de paso, debían concurrir a las urnas ese año, sino en ámbitos escolares, e involucrando, inclusive, a niños de nivel inicial.

Cabe destacar que la “desaparición forzada” fue, en nuestro país, una metodología siniestra que generó miles de víctimas, sumiendo a la Nación en el terrorismo de Estado. Por ello, la utilización y la evocación de esa etapa de nuestra historia, por parte de un conjunto de dirigentes, con experiencia política, y con millones de seguidores, no ha sido un mero error, sino una calculada maniobra tendiente a provocar consecuencias políticas, fundadas en el miedo de la ciudadanía a las más altas autoridades de nuestro país.

Quienes aparecen como principales impulsores de la campaña en cuestión, que reúnen relevancia e idoneidad suficiente como para que terceros crean en sus aseveraciones por su condición pública y por los hechos que se describen en cada caso, son, a nuestro criterio, las siguientes personas:

1.- CRISTINA FERNÁNDEZ DE KIRCHNER, quien el 30/08/2017, sostuvo que: "‘La Gendarmería que está hoy, es la misma que estaba hasta el 2015. ¿Qué cambió? ¡Cambió el Gobierno que le daba órdenes! ¡Y los militares reciben órdenes! ¡Porque las fuerzas reciben órdenes! Entonces, a Dios lo que es de Dios, al César lo que es del César‘..."

Así, la ex presidente arrancó el acto en el estadio de Atenas alzando ante la militancia una fotografía del rostro de Maldonado y advirtió sobre ‘el hecho más grave y doloroso que es la desaparición forzada‘ del joven Maldonado.

La ex mandataria agregó que: “Cuando menciono este caso, lo digo con cierto grado de autoridad. En febrero de 2017 se cumplieron 10 años de que junto con Jorge Taiana, cuando era canciller de la Argentina, y yo era senadora por la

provincia de Buenos Aires, viajamos a París para firmar la Convención Internacional sobre la Desaparición Forzada de las Personas. Por esas cosas de la vida, hoy se recuerda el Día Internacional de las Víctimas de la Desaparición Forzosa.”

Pero, además, la candidata a senadora nacional denunció que ‘estamos frente a un Gobierno con una inaudita concentración de poder, del Estado Nacional, provincial y de la ciudad, al que se le suma todo el poder privado concentrado, mediático, financiero, internacional‘, lo que vinculó al caso Maldonado.

“Cuando tiene ese poder y siente que la tapa de los diarios, haga lo que haga, va a decir lo que quiera y no lo que pasó, eso es malo. Pero no es malo solamente porque se engaña a la sociedad. Es malo porque se genera un mareo de poder y de concentración que tal vez sea la causa de la desaparición forzada de Santiago Maldonado”, apuntó.

Incluso, Cristina Kirchner sostuvo que el Gobierno busca con este caso “demostrar poder” y que “cualquiera que proteste lo van a someter y a meter preso”.

“El Gobierno tiene que garantizar que el que se le opone no es un enemigo, es un ciudadano que tiene el derecho a manifestarse”, reclamó. (VER: http://www.diarionorte.com/article/156496/cristina-apunto-contra-gendarmeria-por-la-desaparicion-de-santiago-maldonado-)

2.- SANTIAGO CÚNEO, quien, el 24/09/2017 sostuvo en el programa de Mauro Viale que “a Santiago se lo llevó muerto la Gendarmería la de la lof Cushamen” y que el gobierno oculta la verdad porque "afecta directamente a Pablo Noceti y a la Gendarmería y por supuesto incidirá en las elecciones de octubre." (VER: https://portaldenoticias.com.ar/2017/09/25/santiago-cuneo-caso-maldonado/)

3.- LUIS D´ELIA, quien en una entrevista con Jorgte Lanata, de fecha 05/11/2017, sostuvo: “Hay signos de que estuvo en una heladera”. En ese contexto, el periodista le dijo: “Estuvo dos meses en el río, lo dijeron ayer los peritos”, a lo que el dirigente redobló la apuesta poniendo como ejemplo “El submarino húmedo”, un método de tortura utilizado durante la dictadura militar, para sostener que aunque el cuerpo no muestre signos de violencia, podría haber sido asesinado. (VER: https://noticias.perfil.com/2017/11/06/delia-sobre-maldonado-hay-signos-de-que-estuvo-en-una-heladera/)

4.- LEOPOLDO MOREAU, que en un programa televisivo que conduce Gustavo Silvestre, con fecha 15/08/2017, sostuvo: “Secuestraron a Maldonado, y protegen a la Gendarmería a cambio del peritaje de Nisman”. Denunció, además, un “Pacto mafioso” entre el gobierno y la cúpula de Gendarmería. Según el dirigente de Unidad Ciudadana, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich estaría protegiendo a la cúpula de la fuerza a cambio de que los peritos cambien el peritaje sobre la muerte del fiscal Alberto Nisman. “se están acostumbrando a secuestrar”, tiró Moreau en el fragor del debate con el diputado de Cambiemos, Daniel Lipovetzky, “Secuestraron a Maldonado y ahora quieren secuestrar un resultado electoral” Rápido de reflejos, Sylvestre no dejó pasar el tema e instigó a Moreau a profundizar, ¿El canje es Maldonado por el peritaje de Nisman?, preguntó el periodista, “Están protegiendo a la Gendarmería que se llevó a Maldonado, porque tienen un pacto con Bullrich para que ellos le cambien el peritaje de la muerte de Nisman, y como tienen ese pacto mafioso con la cúpula, no quieren decir que la Gendarmería se llevó a Maldonado”, aseguró el candidato a diputado por UC. http://contrapoderweb.com/2017/08/15/leopoldo-moreau-secuestraron-a-maldonado-y-protegen-a-la-gendarmeria-a-cambio-del-peritaje-de-nisman/

5.- HEBE DE BONAFINI, que sostuvo que: "Mauricio Macri mandó a matar a Santiago Maldonado"; "lo mataron" porque "para sostener el plan económico

hay que meterle miedo al pueblo"; "Yo creo que a Santiago Maldonado lo mataron, pero no porque se les fue la mano", comenzó Bonafini. Al intentar explicar sus dichos, agregó: "Ellos hacen lo que se les manda. Macri tampoco es el que manda, él recibe órdenes de arriba". Luego la titular de Madres completó su difusa teoría: "El presidente baja las órdenes a la Bullrich (por la ministra de Seguridad), que es otra sirvienta. Y los gendarmes cumplen órdenes, no se les va la mano".

Finalmente, consultada en C5N sobre si "Macri mandó a matar" a Maldonado, respondió sin inmutarse: "Sí, sí. Porque para sostener el plan económico hay que meterle miedo al pueblo" (VER: https://www.infobae.com/politica/2017/08/30/hebe-de-bonafini-creo-que-a-santiago-maldonado-lo-mataron/)

6.- AUTORIDADES DEL GREMIO DOCENTE CTERA, organización gremial que elaboró instructivos para nivel secundario, primario e inicial, convocando a sus representados a difundir en las aulas, mediante distintos métodos pedagógicos, una versión de los hechos que daba por sentada la desaparición forzada de Santiago Maldonado, que equiparaba la situación de la dictadura con el actual gobierno y que recomendaba a los docentes tomar lista preguntando por Santiago Maldonado, a la vez que sugería como respuesta “se lo llevó la gendarmería” (VER: https://tn.com.ar/politica/santiago-maldonado-el-polemico-instructivo-de-ctera-para-tratar-el-caso-desde-el-nivel-inicial-hasta_816799). Esta iniciativa de CTERA se trasladó a las aulas, y fue seguida por muchos docentes, en todos los niveles, lo cual podrá acreditarse requiriendo a los ministerios de educación de todas las provincias las actuaciones administrativas que se hubiesen generado de oficio o a partir de denuncias efectuadas ante las autoridades educativas de cada distrito. Queda claro, en este caso, que se emplearon medios materiales, incluyendo el aparato educativo estatal, para infundir miedo en la población.

III.- EL DERECHO: Consideramos que los hechos antes descriptos, se encuadran en el tipo penal previsto en el art. 211, primer párrafo, del código de fondo, que expresamente establece:

“Será reprimido con prisión de dos a seis años, el que, para infundir un temor público o suscitar tumultos o desórdenes, hiciere señales, diere voces de alarma, amenazare con la comisión de un delito de peligro común, o empleare otros medios materiales normalmente idóneos para producir tales efectos.” (el subrayado en negrita nos pertenece).

Ha sostenido Sebastián Soler, en su obra derecho penal argentino, que “para nuestra ley penal, orden público quiere simplemente decir tranquilidad y confianza social en el seguro desenvolvimiento pacífico de la vida civil. No se trata de defender la seguridad social misma, sino más bien la opinión de esa seguridad que, a su vez, en realidad, constituye un factor más de refuerzo de aquélla”. En virtud de ello corresponde precisar que imputarle maliciosamente la comisión de un delito gravísimo a un Gobierno democrático y a las Fuerzas de Seguridad tiene por finalidad alterar el orden público y la confianza ciudadana en los Poderes del Estado.

Por su parte Francesco Carrara sostiene en su “Programa de Derecho Criminal” que “desde un punto de vista interno expresa el estado real de ánimo que consiste en la ausencia de toda conmoción violenta que pueda agitarlo, especialmente por dolor, temor o ira. Desde un punto de vista externo, expresa ese estado correspondiente del cuerpo que consiste en la ausencia de movimientos extraordinarios, impetuosos y convulsivos. Cuando esos estados se contemplan en un número indefinido de ciudadanos, y posiblemente en todos, se usa la fórmula tranquilidad pública. Se dice que ofenden esta tranquilidad aquellos hechos que suscitan en el ánimo de un número indefinido de ciudadanos alguna concitación de emociones de dolor o de miedo, de las cuales se sigue la agitación de esos ciudadanos (…) La tranquilidad es el fin de la sociedad humana, y es el fin del poder penal. Las autoridades sociales que tutelan nuestros derechos producen la

seguridad de todos; pero esto es poco, si todos no tienen también la conciencia de estar seguros, porque la opinión de la seguridad es indispensable para el libre y completo desarrollo de las actividades humanas”. Resulta indudable que a raíz de la acusación realizada se logró que un grupo significativo de ciudadanos se sintieran intranquilos sobre la situación vivida en el país por fuera de la natural consternación de cualquier ciudadano de bien que quería conocer la verdad detrás de lo acontecido. Consideramos por ende que existe una diferencia abismal entre haber preguntado: “¿Dónde está Santiago Maldonado?” y afirmar públicamente y hasta inventando o falseando información que el mismo había sido víctima de una desaparición forzada lo cual a nuestro entender constituye una conducta delictiva.

En cuanto al elemento objetivo del tipo cabe mencionar que debe tratarse de hechos “cuya criminalidad reside esencialmente, no en la lesión efectiva de situaciones materiales, cosas o personas, sino en la repercusión que los hechos tienen en el espíritu público, produciendo alarma y temor” como ha expuesto Ricardo Núñez en su Tratado de Derecho Penal, Parte Especial. Además, sendos autores han afirmado que la enunciación del Art. 211 es meramente ejemplificativa siempre y que debe medirse a las acciones por su aptitud para lograr el desorden público. Entendemos que alcanzan las declaraciones públicas sucesivas, las afirmaciones inexactas o falsas, realizadas por personas de influencia mediante medios de difusión masiva o en ámbitos formativos para configurar una acción típica capaz de suscitar la perturbación en el orden público suficiente para que se vea configurada la conducta penalmente reprobable.

Por su parte entendemos que las mentiras o denuncias vertidas por comunicadores sociales, políticos reconocidos y otro tipo de personas influyentes cumplen con el requisito normativo de tratarse de “medios materiales normalmente idóneos” para alterar la paz, tranquilidad y confianza de un número significativo de receptores de estos mensajes alienantes. También entendemos junto a varios doctrinarios que los hechos alborotadores deben revestir verosimilitud suficiente para tener la aptitud de causar el desorden propuesto,

cuestión que entendemos se deriva de manera suficiente de la trágica reciente historia argentina y de los esfuerzos de concientización pública y sensibilización que se vienen llevado adelante desde el Estado Nacional en esta materia.

Tal como se describe en el punto precedente, un nutrido grupo de dirigentes y organizaciones vinculadas al kirchnerismo y bajo la jefatura política de Cristina Fernández de Kirchner, utilizaron distintos medios materiales con entidad suficiente para infundir temor en la población, respecto del gobierno nacional y de las fuerzas de seguridad.

En relación al elemento subjetivo que exige el tipo deben tratarse de acciones orientadas a causar temor público, tumultos o desórdenes. Creemos que la forma en la que se han expuesto los falsos hechos y se han realizado las imputaciones han ido inequívocamente en la dirección de tratar de generar un temor tanto sobre la situación que se vivía en el país en relación a los poderes públicos como del riesgo o inminencia de un mal o daño futuro. En ese sentido entendemos que además ya es daño suficiente procurar instalar la idea de que vivimos en una sociedad donde un Gobierno ejecuta, cobija y esconde una desaparición forzada o un asesinato como se ha intentado instalar insistentemente. Vale precisar que es irrelevante el para qué se buscó lograr este resultado (si para obtener rating, cosechar votos, instalar titulares o lo que fuera) sino que lo relevante era la intención de perturbar el humor social.

En efecto, las personas denunciadas utilizaron variados medios materiales para infundir temor, como radios, canales de televisión, el sistema educativo, entre otras instituciones públicas y privadas, que son lo suficientemente idóneos como para atemorizar a la ciudadanía, y más aún, cuando el contenido del mensaje apuntaba a la aseveración de hechos que remitían a un pasado trágico signado por el terrorismo de Estado.

IV.- PETITORIO: En virtud de la gravedad de los hechos denunciados, solicitamos con la mayor celeridad posible, la investigación de los

mismos y que, de poseer elementos que les permitan sostener sus afirmaciones, sean remitidos a la causa correspondiente para que prime la Verdad.

Proveer de conformidad

SERÁ JUSTICIA