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| José Magioncalda, denunciante. |
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 1 de octubre de 2018.
SR. INTERVENTOR
DEL INADI
Dr. Claudio Presman
Dr. Claudio Presman
S / D
De mi mayor consideración:
Ref: DENUNCIA DISCRIMINACIÓN
I.- OBJETO: Vengo a denunciar al gremio UTE (Unión de Trabajadores de la Educación) a quien es Secretario General de la organización sindical antes mencionada, Sr. Eduardo López, ambos con domicilio en Bartolomé Mitre 1984, C.A.B.A. y a la Diputada de la Ciudad de Buenos Aires, Victoria Montenegro, con domicilio en Perú 160, C.A.B.A., por la comisión de hechos discriminatorios de los que fuera víctima quien suscribe la presente, José Lucas Magioncalda, a título personal, tanto de modo directo, como en carácter de integrante de Ciudadanos Libres por la Calidad Institucional Asociación Civil, conforme las consideraciones que paso a exponer:
II.- INTRODUCCIÓN: La Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires concedió permiso a Ciudadanos Libres por la Calidad Institucional Asociación Civil para la realización de una Charla sobre “Adoctrinamiento en las Escuelas” que debía realizarse el pasado 18/09/2018.
Una
semana antes de la fecha de su realización, Ciudadanos Libres por la Calidad
Institucional comenzó a difundir la convocatoria a la charla, de la cual
también se hicieron eco algunos medios de comunicación. Ver twitt https://twitter.com/ciudadanoslib/status/1039318715626606593
y nota: http://www.parlamentario.com/noticia-112940.html
Durante
el día anterior y el mismo día en el que se realizaría el evento, cuentas de
twitter de personas vinculadas al kirchnerismo, comenzaron una campaña
difamatoria contra Ciudadanos Libres por la Calidad Institucional y contra
quien suscribe la presente, tildándonos de “negacionistas”.
Posteriormente,
también fue agredido en las redes el Sr. Flavio Buccino, quien había sido
convocado como expositor a la charla, en su carácter de experto en educación.
Ver: https://twitter.com/FlavioBuccino/status/1042067929280536576
Esa
campaña difamatoria estuvo orientada a atribuirle a la ONG organizadora de la
charla, y a quien suscribe, la condición de “negacionistas” de los crímenes de
lesa humanidad cometidos durante la última dictadura militar y de un hecho que
la Justicia aún investiga, relacionado con privación de libertad y posteriores
lesiones a una docente del Partido de Moreno.
En
esta línea, el Secretario General de UTE y Gremial de CTERA, afirmó –según
surge de una nota publicada en Página 12- que “el encuentro representa ¨el 2x1
en la educación¨. La Legislatura está cediendo ante una avanzada autoritaria
que quiere volver atrás, perforar el piso legal del consenso social. Es decir,
la enseñanza de Derechos Humanos y la perspectiva de género”. Ver: https://www.pagina12.com.ar/142874-ute-ctera-contra-el-negacionismo
Asimismo,
UTE emitió un comunicado de prensa bajo el título “RECHAZO A LA PRESENCIA DE NEGACIONISTAS EN UN ÁMBITO DEMOCRÁTICO COMO
LA LEGISLATURA” que expresaba: “Desde
la Unión de Trabajadores de la Educación expresamos nuestro estupor y repudio
ante la habilitación por parte de la Legislatura de la Ciudad a la realización
de una charla sobre “Adoctrinamiento en las Escuelas” organizada por la
Asociación Ciudadanos Libres. Esta asociación, que desde la figura de su
presidente ataca comunicacional y judicialmente a las Madres y Abuelas de Plaza
de Mayo, en los últimos días ha desplegado una campaña en la red social twitter
poniendo en duda el secuestro y las torturas sufridas en Moreno por la docente
Corina de Bonis e intentando desprestigiar la lucha de la comunidad educativa
de Moreno. La Legislatura de la Ciudad no debería dar lugar a asociaciones
negacionistas que llaman “adoctrinamiento” a la educación en Derechos Humanos y
a la Formación Ciudadana que establecen no sólo las leyes vigentes y la
Constitución Nacional y porteña sino también los mismos contenidos curriculares
oficiales. Por ello, resulta inadmisible que en un ámbito público y emblemático
de la democracia tengan lugar estas intervenciones autoritarias.” Ver:http://ute.org.ar/rechazo-a-la-presencia-de-negacionistas-en-un-ambito-democratico-como-la-legislatura/
Por
su parte, la Legisladora Victoria Montenegro presentó una nota a las
autoridades de la Legislatura porteña en la que dijo, refiriéndose a quien
suscribe: “El presidente de dicha
asociación, José Magioncalda, lleva adelante una campaña que niega la
existencia de los 30.000 desaparecidos por la última dictadura cívico militar.
Recientemente también negó el secuestro y tortura de la docente Corina de
Bonis, a quien escribieron ¨Ollas no¨ en el cuerpo con un punzón”.
Asimismo, sostuvo que “Resulta
inadmisible dar lugar a estos posicionamientos negacionistas en la misma casa
legislativa que ha reconocido en innumerables declaraciones la magnitud del
terrorismo de Estado y ha valorado la lucha de los organismos de Derechos
Humanos. Actividades como éstas significan un gran retroceso del proceso de
Memoria, Verdad y Justicia que la sociedad argentina abraza con irrenunciable
compromiso. Por todo lo expuesto, solicito al Señor Presidente de la Legislatura
de la Ciudad de Buenos Aires tenga a bien oficiar los medios para evitar el
agravio a los Derechos Humanos que significa la realización de la actividad
mencionada en el ámbito de la legislatura”. Ver http://noticiasurbanas.com.ar/noticias/montenegro-evito-una-charla-que-atentaba-contra-los-derechos-humanos/
Es
así como, a partir de estas FALSAS ACUSACIONES, basadas en mentiras y en hechos
totalmente tergiversados, la Legislatura porteña, pocas horas antes de que la
charla se realizara, y en medio de presiones sindicales, suspendió la
actividad. De más está decir que, por la estrategia seguida por la organización
gremial y la legisladora mencionada, consistente en cuestionar la actividad
sobre la hora de su realización, no existió tiempo suficiente para Ciudadanos
Libres por la Calidad Institucional ni para el suscripto, de brindar a la
Legislatura porteña un descargo en relación a las difamaciones sufridas.
Esta
acusación de “negacionismo” no es nueva. Ya fue realizada por medios de
comunicación kirchneristas y por algunos organismos de DDHH, también
kirchneristas, contra el gobierno nacional, cuando el Estado Nacional respondió
a una solicitud de acceso a información pública, efectuada por Ciudadanos
Libres, requiriendo el número de víctimas de terrorismo de estado, tanto en la
etapa de la dictadura militar, como en la etapa del gobierno que le precedió y
que encabezara Juan Domingo Perón hasta su muerte, y luego continuara su viuda.
Ver twitt de El Destape Web: https://twitter.com/eldestapeweb/status/795734468564754432?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E795734468564754432&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.eldestapeweb.com%2Fquien-es-el-oscuro-abogado-que-le-pidio-la-cifra-desaparecidos-al-gobierno-macri-n22483
Este
pedido se dio en el contexto de diversos actos violentos y escraches ocurridos
contra personas y/o funcionarios que sostuvieron que los desaparecidos no
fueron 30.000, así como cuestionamientos al Presidente de la Nación, Ing.
Mauricio Macri, por restarle importancia a la discusión sobre el número de
desaparecidos.
Entendimos,
en aquella oportunidad, que ante el revuelo provocado por las distintas
declaraciones de personas públicas sobre el número de desaparecidos, nada mejor
que el Estado, poniendo información objetiva y oficial, al servicio de la
ciudadanía.
Y
así, concretamente, manifestamos al tiempo de solicitar la información que “la historia reciente y, en particular, la
que refiere al terrorismo de estado, no debe ser un instrumento para ejercer
revanchas o justificar agresiones, sino por el contrario, ha de ser un punto de
partida para el aprendizaje colectivo. Por ello, resulta imprescindible que los
hechos históricos sean reconstruidos a partir de la verdad o, en su defecto, a
partir de los datos que más se acerquen a ella.”
Cuando
los números se difundieron, supimos que los mismos pertenecían al Registro
Único de Víctimas de Terrorismo de Estado, creado por el gobierno de Cristina
Fernández de Kirchner. No obstante lo cual, la reacción de organismos de DDHH
kirchneristas tuvo el tenor de las acusaciones que recibimos en horas previas a
la charla programada en la Legislatura. Ver: http://www.telam.com.ar/notas/201611/169725-estela-de-carlotto-desaparecidos-cifras.html
Los
datos brindados por el Estado Nacional, también fueron muy útiles para conocer
qué porcentaje de las víctimas del terrorismo de estado correspondían al
gobierno constitucional iniciado por Juan Domingo Perón y continuado por su
viuda, la Sra. María Estela Martínez de Perón (alias “Isabelita”). Quizá esto
también haya sido motivo de preocupación para los integrantes del movimiento
que se negó a integrar la Conadep, que avaló la autoamnistía del gobierno
militar, que indultó genocidas y que, finalmente, se dedicó a bajar cuadros y
sobreactuar la defensa de los DDHH, autoasignándose el rol de único intérprete
y defensor de esta causa.
Asimismo,
la información obtenida referida a la etapa del gobierno peronista, fue
complementada por el fallo “La Perla”, dictado por la Justicia Federal de la
Provincia de Córdoba, mediante el cual se determinó la intervención de fuerzas
militares regulares y centros clandestinos de detención durante el gobierno de
“Isabelita”. Ver nota:
Con
ambas constancias, Ciudadanos Libres por la Calidad Institucional, con la firma
de quien suscribe, denunció en la Justicia, a la Sra. María Estela Martínez de
Perón (alias “Isabelita”), por delitos de lesa humanidad cometidos durante su
mandato. Ver nota: https://www.lagaceta.com.ar/nota/707994/politica/denuncian-isabel-peron-secuestros-homicidios-durante-gobierno.html
De
este modo, mal puede atribuirse al suscripto y a Ciudadanos Libres, el carácter
de “negacionistas” cuando hemos impulsado juicios y solicitado información,
sobre la base de nuestra convicción de que los crímenes de lesa humanidad
existieron.
Más
aún, quien suscribe, en una nota publicada en el periódico de internet Tribuna
de Periodistas, durante el mes de febrero de 2017, sostuvo que el ex
carapintada y funcionario del gobierno de Macri, Juan José Gómez Centurión,
debía irse del cargo por cuestionar la existencia de un plan sistemático de
desaparición de personas durante la dictadura militar. Y así fue fundamentado:
“El militar en cuestión ha negado la existencia de un plan
sistemático de represión ilegal durante la última dictadura. Con ello,
pretendió desmentir la sentencia de un proceso fundacional para la restauración
democrática, como fue el Juicio a las Juntas. El ex carapintada pretende
hacernos creer que organizaciones verticales como el Ejército, la Armada y la
Fuerza Aérea, más aún en dictadura,
sembraron todo el país de centros clandestinos de detención, tortura y
asesinato, como producto de decisiones casuales o caóticas de sus miembros. Más
aún, lo ocurrido en Argentina tuvo su correlato, al mismo tiempo, en países
vecinos, lo cual demuestra –también- una política regional deliberada que no
puede asimilarse a la teoría del caos que esboza el militar en cuestión.
En definitiva, el planteo de Gómez
Centurión sólo puede entenderse como una defensa corporativa basada en la mala
fe, y como una vulneración a la ética que debe regir el comportamiento de un
funcionario público.”
Y,
asimismo, también escribió el suscripto en esa nota que: “Se le ha cuestionado –y con razón- a los organismos de derechos humanos
kirchneristas, que impongan a la sociedad por la agresión y el escrache una
cifra de desaparecidos que no se ajusta a los datos que obran en poder del
Estado. Con más razón debemos exigirle a un funcionario público que deje de
serlo, si su idea es desmentir hechos aberrantes que llevaron a la muerte a
miles de personas, y cuya comprobación ya es cosa juzgada.” Ver nota: https://periodicotribuna.com.ar/17748-un-carapintada-digno-de-arresto.html
También
fue nuestra organización la que denunció al ex ministro de Justicia, Julio
César Alak, cuando durante el gobierno de Cristina Kirchner se utilizó el
edificio de la ex Esma, para hacer asados y demás actividades festivas. Ver
nota: https://www.lanacion.com.ar/1542888-alak
La
posición del suscripto y la de Ciudadanos Libres es clara. Consideramos que la
última dictadura militar y el gobierno constitucional que precedió a dicha
dictadura, cometieron sistemáticas violaciones a los DDHH, y adherimos
plenamente a todo lo actuado al respecto por la justicia argentina y, particularmente,
en el histórico “Juicio a las Juntas”.
Y, asimismo, consideramos que nadie puede ser considerado negacionista
por no adherir dogmáticamente a la existencia del número de 30.000
desaparecidos, o a cualquier otro número que no tenga su correlato con
constancias fehacientes y con hechos probados en la Justicia. Más aún,
reivindicamos el derecho de la ciudadanía de dudar, preguntar e investigar
sobre todo aquello que, en esta materia, no sea cosa juzgada.
Nuestra
organización ha criticado, al igual que el Sr. Vicegobernador de la Provincia
de Buenos Aires, y destacado defensor de los DDHH, Daniel Salvador, la ley de
dicho distrito, que establece como cifra oficial de desaparecidos la de 30.000.
Ver: https://www.lanacion.com.ar/2028050-daniel-salvador-se-sumo-a-las-criticas-por-la-ley-que-decreta-como-cifra-oficial-la-de-30-mil-desaparecidos
Asimismo,
la propia Comisión Interamericana de Derechos Humanos se ha pronunciado en
sentido contrario de la mencionada ley bonaerense, por entender que contraviene
el artículo 13 de la Convención Interamericana de Derechos Humanos que protege
el derecho a buscar, recibir y difundir información de toda índole. Ver: https://www.lapoliticaonline.com/nota/106871-la-oea-cuestiono-la-ley-que-fija-los-desaparecidos-en-30-000/
En
este mismo sentido, es clara la opinión de la Sra. Graciela Fernández Meijide,
quien siendo una destacadísima defensora de los DDHH, considera que el número
de víctimas de terrorismo de estado es más cercano al de la Conadep (que ella
misma integró) y al de las constancias obrantes en el RUVTE. Meijide se
preguntó: “Pasaron los años, se acabó el
miedo: ¿Me van a decir que hay 20.000 familias que no han denunciado la
desaparición de un miembro? Explíqueme cómo, por favor”. Sus dichos fueron
ampliamente reproducidos en diferentes medios de comunicación, aunque
destacamos particularmente la publicación del 24 de marzo de 2017: Ver nota: https://www.lanacion.com.ar/1998753-graciela-fernandez-meijide-yo-no-admito-que-haya-dos-numeros-de-desaparecidos
Es
muy importante destacar la fecha antes citada, porque siendo ya conocida esta postura
de la Sra. Fernández Meijide, la Legislatura porteña la galardonó como “CIUDADANA ILUSTRE” en julio de 2017. Ver: https://www.lanacion.com.ar/2046626-graciela-fernandez-meijide-fue-distinguida-como-ciudadana-ilustre-en-la-legislatura-portena
Este
antecedente es determinante para dar por sentado que, para la Legislatura
porteña, no es negacionista considerar que los desaparecidos fueron menos de
30.000. De lo contrario, dicho poder del estado, jamás hubiese distinguido a la
Sra. Fernández Meijide. En consecuencia, consideramos que quienes promovemos la
construcción de la Historia, sobre la base de hechos acreditados, no deberíamos
haber sido CENSURADOS en el citado ámbito legislativo.
En
cuanto a la acusación de negar el secuestro y tortura de la docente Corina de
Bonis, quisiera destacar lo siguiente: en el contexto de una situación crítica
vivida en el Partido de Moreno, a partir de la explosión de una escuela que
costó la vida de dos personas, y de un severo conflicto gremial disparado a
partir de esa situación, el Sr. Baradel anunció el caso de la docente Corina de
Bonis. Las características del anuncio y los antecedentes del sindicalista en
cuestión, promoviendo el adoctrinamiento de niños en función del caso
Maldonado, me llevaron inmediatamente a “tomar con pinzas” lo que se informaba.
Asimismo, a horas de denunciado el hecho, el periodista Christian Sanz ya lo ponía
en duda, con atendibles fundamentos. Ver nota: https://periodicotribuna.com.ar/20142-baradel-y-el-oportuno-secuestro-a-una-maestra-en-moreno.html
Es
en ese contexto que, el 13/09/2018, envié un twitt con el siguiente texto:
“Después de lo que pasó con
Maldonado, los ciudadanos tenemos derecho a dudar del caso de la ¨maestra
torturada¨. El gobierno, en cambio debe investigar como si fuera cierto, y los
que sin querer o queriendo adhirieron a la operación Maldonado, deberían ser
más prudentes.”
El
pasado sábado, la información “en off” que personas allegadas a la causa
brindaban al periodismo pasó a ser expuesta de modo público, y con cita de
fuente. el titular de la Procuración bonaerense, Julio Conte Grand. Así, se
incorporaron nuevos elementos que ponen en duda el relato de la maestra, como
por ejemplo, la pericia que establece que las lesiones no son compatibles con
un caso de tortura: https://www.clarin.com/sociedad/justicia-duda-testimonio-docente-secuestrada-torturada-moreno_0_ppv7BCCls.html
Sostener,
como lo hizo el suscripto en un twitt, que los ciudadanos tienen derecho a
dudar, no es negar ni afirmar el hecho sobre el cual se reivindica el derecho a
dudar, por lo que la acusación de negacionista tampoco es procedente por este
tema. Pero además, no estamos hablando de un derecho a dudar ejercido de
cualquier modo. Estamos hablando de un derecho a dudar ejercido con la
responsabilidad de entender la gravedad que puede tener tal suceso, en caso de
confirmarse, y la necesidad de que el estado se ocupe de investigarlo. En
definitiva, aún cuando alguien pudiera interpretar la duda como negación, queda
claro que un negacionista no pide que el estado investigue el hecho que niega
por si fuera cierto. Y en este caso, sí se pidió.
Finalmente,
debemos recordar que el twitt del suscripto fue emitido antes de las 24 horas
de la ocurrencia del hecho, en el contexto de versiones periodísticas contradictorias,
de una lucha político/gremial entre los sindicatos docentes y el gobierno de la
Provincia de Buenos Aires, y en la etapa
inicial de una investigación judicial que, al día de hoy, aún no ha finalizado.
Se
sostiene, también, en el comunicado de los gremios, que el suscripto ha
denunciado y atacado comunicacional y judicialmente a “Madres” y “Abuelas” de
“Plaza de Mayo”. Debo decir, al respecto, que aun manteniendo diferencias en lo
que hace a la política partidaria que despliegan ambas organizaciones, y aun
teniendo en cuenta el caso de corrupción en que se vio envuelta la organización
que preside Hebe de Bonafini, no he emitido comunicación alguna que fuera
irrespetuosa.
Prueba
de ello, por ejemplo, es la respuesta que debí darle a la Sra. de Carlotto
cuando cuestionó el derecho de Ciudadanos Libres a acceder a información vinculada
con el número de desaparecidos, oportunidad en la que consideró a nuestra
organización como “un grupo desconocido de abogados”. En un pasaje de la nota escribí:
“Con todo el respeto que nos merece la
incesante lucha de la Sra. Estela de Carlotto, consideramos que en este caso se
equivoca.” Ver: https://periodicotribuna.com.ar/17634-repuesta-a-carlotto-por-el-numero-de-desaparecidos.html
Ahora
bien: todo ciudadano y toda organización están en su derecho de efectuar
denuncias a quien comete un ilícito. Y es en ejercicio de ese derecho que
realicé las siguientes denuncias:
1.-
A la Señora de Carlotto, ante el INADI, por sus dichos discriminatorios
respecto de los choferes. Ver: http://ciudadanoslibrespci.blogspot.com/2018/08/denuncia-contra-estela-de-carlotto-por.html
2.-
A la Sra. Hebe de Bonafini, por dichos destituyentes que consideramos podrían
haberla hecho incurrir en los delitos de
instigación a la sedición y de intimidación pública. Ver: http://ciudadanoslibrespci.blogspot.com/2018/09/denuncia-contra-hebe-de-bonafini.html
De
la gran cantidad de denuncias realizadas por el suscripto, en representación de
Ciudadanos Libres por la Calidad Institucional Asociación Civil, es ínfima la
destinada a personas vinculadas a la defensa de los DDHH, por lo que no puede
hablarse de un ataque judicial a las organizaciones en cuestión, sino de
cuestionamientos a dirigentes puntuales, y por actos contrarios a la causa de
los DDHH.
Asimismo,
pública y privadamente he sostenido que ciertas organizaciones de DDHH, en
especial las que abrazaron al kirchnerismo, padecen de sectarismo y aplican
doble estándar cuando se trata de repudiar a personas sospechosas de vulnerar
los DDHH que coinciden con su pensamiento político partidario.
En
definitiva, no considero que existan “ataques comunicacionales” de mi parte
contra dichas organizaciones, creo que la sola utilización de vocabulario
bélico para referirse al derecho de expresarse públicamente, habla del poco
apego por las libertades públicas de los gremio denunciado.
También
dicen esos mismos gremios que intenté desprestigiar la lucha de la comunidad
educativa de Moreno. Como podrá verse en twitter, con el hashtag
#EscuelasDeMoreno, solo me limité a brindar información, videos, audios y fotos
que me enviaban personas de esa misma comunidad educativa que no están de
acuerdo con las estrategias del gremio, ni con el accionar de la Municipalidad
de Moreno y que, por otra parte, ni los propios protagonistas de las conductas
exhibidas han desmentido. Entre las cosas que cuestioné fue una foto de un niño
muy pequeño, de delantal blanco, a quien
le habían colocado un cartel casi tan grande como él, que decía: “Maestro: tu
luchas es mi lucha”, en lo que, para mi humilde entender, constituye la
utilización con fines proselitistas de un alumno.
También
cuestioné la frivolidad de algunos gremialistas, al contratar un dron para
filmar la manifestación desde el cielo, en un distrito donde la población
padece, desde hace muchísimos años, enormes necesidades; entre otros
desaciertos. Ver: https://twitter.com/magioncalda/status/1035944187164876802
Entiendo,
en definitiva, que cuestionar el accionar de un gremio que, por lo visto,
pretende atribuirse de modo totalitario la representación de toda la comunidad
de Moreno, no es motivo suficiente para promover hechos discriminatorios como
la censura de una actividad académica, y mucho menos para estigmatizar con la
acusación de “negacionista” a quien suscribe y a la ONG organizadora del
evento.
Es
falso, asimismo, que nuestra organización llame “adoctrinamiento” a “la
educación en Derechos Humanos y a la Formación Ciudadana que establecen no sólo
las leyes vigentes y la Constitución Nacional y porteña sino también los mismos
contenidos curriculares oficiales.” Y es falso, además, que la charla en
cuestión tuviera relación alguna con educación en cuestiones de género.
Nuestra
organización no ha cuestionado contenidos curriculares. Avala y promueve la
educación en DDHH. Y considera que es clave que los niños incorporen dichos
conocimientos.
Ahora
bien, existen prácticas, muchas veces promovidas por los gremios, que aun
refiriéndose a contenidos curriculares, utilizan una metodología que hemos
caracterizado como adoctrinamiento.
Para
decirlo claramente: promovemos que se explique qué son los derechos humanos, y
avalamos que los niños aprendan la importancia de respetarlos y defenderlos. Lo
que cuestionamos es que se realice proselitismo político partidario y/o
gremial, so pretexto de educar en esta y otras materias. Como ejemplo, con la
excusa de educar en DDHH, los gremios docentes y algunos maestros, han
transmitido a los niños apresuradas conclusiones sobre el caso Maldonado, y han
cuestionado a un determinado sector político, introduciendo desde su lugar de
autoridad sobre los niños, la política partidaria en las escuelas públicas.
También
ha sido de público conocimiento que se ha pasado lista en algunas aulas nombrando
a Maldonado, para que los niños respondieran “se lo llevó la Gendarmería” o “está
desaparecido”, lo cual constituye un ritual que está más cerca del
adoctrinamiento religioso que de la incorporación de conocimientos.
Si
de respetar DDHH se trata, debemos hacer valer lo que establece en su art. 14,
la Convención sobre los Derechos del Niño: 1. Los Estados Partes respetarán el derecho del niño a la libertad de
pensamiento, de conciencia y de religión. 2. Los Estados Partes respetarán los derechos y deberes de los padres y,
en su caso, de los representantes legales, de guiar al niño en el ejercicio de
su derecho de modo conforme a la evolución de sus facultades.
Se
trata, en definitiva, de que el Estado se encuentra plenamente facultado para
brindar conocimientos curriculares, pero tiene límites cuando lo que se
pretende hacer es inculcar un determinado modo de pensar. El niño debe llegar a
construir ese modo de pensar a partir de los conocimientos que se le brindan en
la escuela, con el uso de sus facultades mentales y con el acompañamiento de
sus padres. Imponerle lo que el maestro o el gremio opinan destruye ese proceso
de aprendizaje.
III. EL ACTO DISCRIMINATORIO: La Constitución Nacional en su artículo 16 dispone: “Todos sus habitantes son iguales ante la ley y admisibles en los empleos sin otra condición que la idoneidad.” En su artículo 75, inc. 22, otorga jerarquía constitucional a los instrumentos internacionales de derechos humanos allí enumerados, los cuales a su vez consagran el mencionado principio de igualdad y no discriminación en más de una oportunidad. La Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre en su artículo 2º establece: “Todas las personas son iguales ante la ley y tienen los derechos y deberes consagrados en esta Declaración sin distinción de raza, sexo, idioma, credo ni otra alguna.” La Declaración Universal de Derechos Humanos en su artículo 7º declara: “Todos son iguales ante la ley y tienen, sin distinción, derecho a igual protección de la ley contra toda discriminación…”. El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos señala, en su artículo 26 dispone: “Todas las personas son iguales ante la ley y tienen derecho sin discriminación a igual protección de la ley.” A este respecto, la ley prohibirá toda discriminación por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, ideológicos, políticos o cualquier otra condición social. La Convención Americana sobre Derechos Humanos en su artículo 25 señala: “Todas las personas son iguales ante la ley. En consecuencia, tienen derecho, sin discriminación, a igual protección de la ley”.
Tal
como lo ha sostenido INADI, en su dictamen 166-2011 del 27/07/2011, “Constituye discriminación en el sentido
estricto de la significación ético-jurídica, toda acción por la cual se le
otorga un trato diferente a una persona, grupo de personas o sector social con fundamento
en sus características naturales o particulares, sin una justificación objetiva
y suficiente en relación con los fines e intereses en juego para esa
pretensión. A dicho criterio debe sumársele que la conducta impugnada se
encuentre comprendida en los supuestos del art. 1º de la ley 23.592 o al menos
responda al orden de causales que perfila.”
De
lo dicho hasta aquí se advierte que los denunciados han estigmatizado con la expresión
“negacionista” a quien suscribe y a Ciudadanos Libres por la Calidad
Institucional Asociación Civil.
Esa
estigmatización tuvo una finalidad. Poner a la Legislatura porteña, a horas de
realizarse el evento programado con suficiente antelación, en la disyuntiva de
permitirlo –sin contar con toda la información que le asegurase que las
acusaciones de negacionismo fuesen falsas- y dando lugar a la comisión de eventuales
hechos violentos por parte de quienes se oponían, o suspenderla, evitando los
riesgos antes mencionados, pero afectando la libertad de expresión.
En
efecto, pese a que la convocatoria tuvo lugar una semana antes, promocionándose
en redes sociales y en algunos medios de comunicación, las presentaciones
formales para desactivar la charla se realizaron el mismo día, de modo tal de
eludir toda posibilidad de efectuar un descargo por parte de los organizadores,
que permitiera seguir adelante con la actividad.
La
realidad es que ni el suscripto ni la ONG organizadora del frustrado evento
somos “negacionistas” de los crímenes de lesa humanidad cometidos durante la
última dictadura militar. Y es real, también, que no puede obligarse a nadie a
adherir dogmáticamente a una cuantificación de víctimas que no tiene sustento
en datos oficiales.
Tampoco
puede considerarse “negacionista” el twitt ya descripto, respecto de la situación
de la maestra de Bonis, ni las denuncias o expresiones discordantes respecto de
sindicatos y organizaciones de DDHH, en temas que nada tienen que ver con lo
ocurrido durante la última dictadura militar.
Queda
claro que los denunciados no ven en el suscripto a un adversario, sino a un
enemigo político e ideológico, que viene trabajando la cuestión del
adoctrinamiento en las escuelas desde que efectuara, en representación de
Ciudadanos Libres, una denuncia en la
Justicia Federal, contra un funcionario
del gobierno de Cristina Kirchner que organizaba la intromisión de “La Cámpora”
en las escuelas. Ver: http://www.perfil.com/noticias/politica/denuncian-a-un-funcionario-por-adoctrinamiento-fascista-20120816-0028.phtml
También
en representación de Ciudadanos Libres el firmante denunció a la entonces Ministra de Desarrollo Social,
Alicia Kirchner, por editar elementos de adoctrinamiento para niños. Ver: https://www.lapoliticaonline.com/nota/92228-denunciaron-a-alicia-kirchner-por-editar-cuadernos-infantiles-con-la-imagen-de-cristina-y-evita/
Y,
en los últimos años, Ciudadanos Libres por la Calidad Institucional elaboró
modelos de denuncias para casos de proselitismo político/gremial en escuelas,
que fueron puestos a disposición de las comunidades educativas a través de su
blog:
Modelo
para CABA.
Modelo
para Prov. de Bs As.
Lo
que los denunciados pretenden es que no se hable de adoctrinamiento, y fundamentalmente,
que no hablen de ese tema quienes mantienen diferencias políticas con ellos. Pretenden,
en definitiva, cercenar la libertad de expresión. Con esa intención, en esta
oportunidad, menoscabaron el derecho a la imagen y al honor de quien suscribe,
tildándolo públicamente de “negacionista”, con el claro objetivo de provocar la
censura de una actividad académica programada.
Asimismo,
corresponde destacar que, independientemente de lo decidido de modo apresurado
por la Legislatura porteña, constituye un acto discriminatorio el solo hecho de
que los denunciados solicitaran la suspensión de la actividad en cuestión, bajo
la falsa acusación de negacionismo, y con miras a impedir que el que piensa
distinto se exprese. Es un claro caso de discriminación por razones políticas e
ideológicas.
Y
dado que por las circunstancias antes descriptas, la Legislatura porteña decidió
suspender la actividad, como consecuencia de la presión gremial y política,
fundada en hechos falsos y en intolerancia al que piensa distinto, los
denunciados también han sido partícipes del acto discriminatorio de censura,
con clara motivación política e ideológica.
La
ley 23.592 considera que discrimina “Quien arbitrariamente impida, obstruya, restrinja o de algún modo menoscabe el pleno ejercicio sobre bases igualitarias de los
derechos y garantías…”, con fundamento en diversas razones, como las de índole
política.
En
consecuencia, estamos ante hechos discriminatorios que menoscabaron el derecho
a la imagen y al honor del suscripto, acusado arbitrariamente de “negacionista”
por el solo hecho de pensar distinto a los denunciados. Y que menoscabaron e impidieron
su libertad de expresión, porque el tema elegido para el evento
“Adoctrinamiento en Escuelas” y las opiniones políticas del suscripto, no eran
del agrado de los denunciados.
IV.- AFECTACIÓN PERSONAL DEL ACTO DISCRIMINATORIO: La carga negativa de la palabra “negacionista” que inmediatamente remite a la negación de crímenes de lesa humanidad, debidamente probados, como el Holocausto Judío, y aludiendo en el caso que nos ocupa, a los crímenes de lesa humanidad de la dictadura argentina (1976-1983) ha causado un grave impacto emocional en el firmante.
De
un día para otro, las redes se vieron infectadas con notas periodísticas como
las que siguen a continuación:
Asimismo,
el impacto emocional antes alegado, se advierte no sólo por la difamación en
sí, sino por la inquebrantable conducta en lo que hace a la defensa de los
derechos humanos que ha exhibido el suscripto.
Dicha
conducta, no sólo se ha limitado al pedido de renuncia al funcionario Juan José
Gómez Centurión, sino que el firmante, realizó las siguientes tareas:
-Representar
a víctimas de Milagro Sala ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación y
ante la CIDH, en defensa de los DDHH de estas personas. Ver: https://www.jujuyonlinenoticias.com.ar/justicia/2017/10/2/cidh-recibira-victimas-sala-grupo-malos-funcionarios-detener-45342.html
-Denunciar
por Traición a la Patria a Cristina Kirchner, Timerman y diputados y senadores
que votaron el Memorandum con Irán. Ver: http://www.parlamentario.com/noticia-88273.html
-Ampliar
la denuncia por Traición a la Patria, antes mencionada. Ver:
-Denunciar
al Ministro de Justicia Julio Alak por los “asados” en la ex Esma. Ver: https://www.lanacion.com.ar/1542888-alak
-Solicitar
al Estado Nacional y obtener, información desclasificada referida a la relación
entre el régimen nazi y la República Argentina, así como la protección de
criminales de guerra nazis en nuestro país. Ver:
-Suscripción
de un convenio entre DAIA y Ciudadanos Libres por la Calidad Institucional, a
fin de analizar la información obtenida del Estado Nacional, por iniciativa de
esta última, representada por el suscripto. Ver: https://telefenoticias.com.ar/politica/investigaran-quien-dejo-entrar-a-los-nazis-a-la-argentina-y-como-ingresaron/
Como
se puede apreciar, el suscripto ha tenido que afrontar estas falsas acusaciones
estigmatizantes, destinadas a cercenar derechos por razones de índole política
e ideológica, en medio de la ejecución de un convenio con la DAIA, entidad que,
por la representación que ejerce, es
particularmente sensible a todo caso de negacionismo de genocidios.
Pero
además, y desde hace varios años, el suscripto tiene a su cargo el dictado de
talleres relacionados con diferentes aspectos de la calidad institucional en la
Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, siendo estas actividades
publicadas por la propia casa de estudios en su página web. La actitud de los
denunciados, provocando un claro caso de censura, resulta un precedente nefasto
y una invitación a que este tipo de actuación autoritaria se traslade también a
la actividad docente del firmante, impidiendo el ejercicio de la misma. Ver: http://www.derecho.uba.ar/graduados/talleres/transparencia-en-gobiernos-locales/+1228
En
definitiva, lo actuado por los denunciados impacta de lleno en varios aspectos
de la actividad pública del firmante, pero también en su esfera familiar.../////////////////////////////////////////////////////////////////////// ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// (Texto reservado por razones de intimidad familiar).
V.- PRUEBA:
V.1.-
DOCUMENTAL: ofrezco el contenido de los links que se transcriben a lo largo de
esta presentación;
V.1.-
TESTIMONIAL: Se cite a los señores //////////////////////////, DNI: ///////////////////////, con domicilio
en /////////////////////////////////, C.A.B.A. y /////////////////////////////////////, DNI: ///////////////////////////, con
domicilio en /////////////////////////////////////////////////, C.A.B.A., a prestar declaración
testimonial, en relación a los hechos que aquí se describen. (Se ha preservado la identidad de los testigos).
VI.-
PETITORIO: Por todo lo expuesto, solicito se adopten los medios para determinar
la existencia de hechos discriminatorios y adoptar las medidas que
correspondan, dentro de las competencias del organismo.
Atentamente
José
Lucas Magioncalda
DNI:
23.249.495
